el resto del tintero

Dormir sin comer

  • Cuando el dueño de Brassica fue denunciado por la Administración socialista de la Zona Franca, seguía contratando con Defensa; ahora, la Junta sufre la acción de alguien que debiera ser conocido.

Alguien se debería quedar castigado sin comer, pero no ninguno de los cerca de 6.500 niños afectados por la huelga en sus comedores escolares en las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva, un total de 75 centros a los que, en teoría, nutría la empresa gaditana Brassica. Lo de nutrir -claro está- es una licencia literaria, porque ya antes del inicio del presente curso, algunas direcciones de colegios, varios de El Puerto de Santa María, elevaron informes a Brassica y a la empresa pública Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE), dependiente de la Consejería de Educación, para que mejorase la calidad de la comida. Cuando los niños comenzaron a quejarse el curso pasado de la insipidez de los platos que les servían, los excesos de acuosidad en ellos, la ausencia de lentejas en los preparados de lentejas o la plasticidad de las comidas llegadas los lunes pero consumidas los viernes, las monitoras los obligaban a terminar la comida -como siempre nos han enseñado en nuestras casas-, pero los escolares preferían quedarse dormidos sobre las mesas antes que enfrentarse a ese martirio culinario diario. Y quien esto suscribe lo ha presenciado.

¿Y cuál fue la respuesta de Brassica? Pues que retrasaba la puesta en marcha de los comedores escolares cuyos centros habían reclamado estas mejoras porque la Junta, la Consejería de Educación, en concreto, no les pagaba. La falta de liquidez. En efecto, sí, la falta de liquidez y, la falta de pericia, porque ya habría que saber quién es el propietario de Brassica para saber que aquello, difícilmente tendría solución.

Todo comenzó en el año 2000, cuando la Zona Franca de Cádiz era una suerte de Zona Cero, donde el anterior Gobierno del PP, el de José María Aznar, se echó en manos de algún delegado y algún empresario que, con el tiempo, han sido personas, cuanto menos polémicas, acusadas y pendientes de juicio por malversación de fondos o apropiación indebida. En el caso que nos ocupa, el de Brassica, Manuel García Gallardo, perteneciente a una familia de empresarios que había surtido de alimentos a los ejércitos en San Fernando, llegó a la Zona Franca del PP como un empresario estrella; era el presidente de Nuevas Generaciones en su ciudad, e iba a fundar a lo grande una empresa llamada Quality Food. Eso sí, nutrido con fondos de la Administración central, y bajo el amparo del entonces delegado de la Zona Franca, Miguel Osuna, García Gallardo iba a crear un imperio de los servicios de comida. Pero la estrella se dio el estrellazo. Peleado desde 2003 con su anterior protector, Miguel Osuna, y con sus antiguos colaboradores del PP, se casó con Silvia López, hoy ya ex directora general de la Junta y militante socialista. Un hecho a anotar, aunque no determinante, Gallardo es un hombre que ha cuidado las buenas relaciones y que, según algunos socialistas que le conocieron en la Zona Franca, lleva un "tren de vida" desproporcionado.

García Gallardo está siendo procesado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz por, entre otros asuntos, la desaparición de 2,7 millones de euros o el presunto falseamiento del aumento de su participación en Quality Food, que se habría hecho mediante transferencias de dinero no reales para los que contaba con la complicidad de un director de una surcusal bancaria de San Fernando. El último informe de la Abogacía del Estado sobre el caso Quality Food es tan demoledor que el presunto engañado, Miguel Osuna, el ex delegado de la Zona Franca, también debe declarar como imputado por malversación.

Ya en abril del año 2005 el delegado de la Zona Franca era el socialista José de Mier, e instó a la Abogacía del Estado a emprender acciones judiciales contra García Gallardo. Mientras, diputados del PSOE iniciaron una campaña contra la antigua gestión del PP en este consorcio. Hubo preguntas en el Congreso, actuaciones del Tribunal de Cuentas... pero empresas del hoy acusado seguían siendo contratadas por el Ministerio de Defensa, dirigido por socialistas, para dar de comer en los cuarteles.

Un diputado socialista de la época llegó a hablar con el jefe de gabinete del ministro de Defensa, para advertirle con quien se la estaba jugando, pero la respuesta siempre fue la misma: las empresas de García Gallardo cumplían los requisitos, se presentaban a los concursos y los ganaba. El quebranto producido por la aventura de Quality Food en la Zona Franca se calcula en 30 millones de euros, pero, al parecer, García Gallardo y su nueva Brassica tienen esa apariencia de solvencia, y gracias a ello consiguió los contratos con la Consejería de Educación.

El motivo aducido por la empresa para dejar pendientes tres nóminas a sus trabajadores, que es el motivo de la huelga que padecen los padres y madres, ya no tiene sentido: la Consejería de Educación le abonó todo lo debido a finales de diciembre de 2012. Todos los proveedores de los comedores de Educación en Andalucía habrán sufrido -unos más, otros menos- los problemas de liquidez de la Junta, pero del casi medio centenar de empresas, sólo Brassica le ha dado estos problemas. Y no es poco: Educación da de comer, diariamente, a 115.000 niños y niñas en la comunidad. Como una gran ciudad escolar.

Educación, con buen criterio, ha suspendido el contrato con Brassica, y en los próximos días adjudicará a otras empresas la asistencia a estos comedores, pero mientras tanto miles de familias se apañan para recoger a los niños antes de tiempo y darles de comer. La Consejería de Educación, no obstante, haría bien en armarse jurídicamente para justificar la rescisión del contrato, porque una de las características de García Gallardo es su habilidad en las cuestiones jurídicas. Una cosa lleva a la otra.

Cuando gestionaba Quality, con una participación de la Zona Franca, firmó un sorprendente acuerdo el 23 de diciembre de 2003 con Miguel Osuna por el cual, al cabo de un año, él decidía si compraba toda la sociedad o era el consorcio público el que se lo adquiría a su persona. ¿A qué precio? Al que decidiese la media de dos auditorías. En definitiva, que la Zona Franca, a pesar del quebranto, debe pagarle a Gallardo unos 12 millones de euros. Impresionante. Que Educación ande con cuidado. El pago está paralizado hasta que se solvente el juicio penal. Y un último apunte. Cuando en el curso de una investigación periodística sobre Quality Food, una redactora de Canal Sur, Paz Santana, quedó con una de sus fuentes en un pub de Puerto Real, García Gallardo y uno de sus trabajadores, un ex concejal del PP de Cádiz, irrumpieron en el local con la acusación de que la reportera iba a robar documentos. Llamaron a la Policía, y dos agentes, raudos, llegaron allí y obligaron a identificarse... a la periodista.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios