La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha informado en el Parlamento de que cerca de 17.000 maestros y profesores de la red concertada de Andalucía se verán afectados por la inversión prevista en el curso 23-24 para dar cumplimiento al acuerdo, firmado en abril de 2022, para la equiparación salarial de los docentes andaluces con los del resto de España entre la Consejería y las organizaciones patronales, de titulares y sindicales de la enseñanza privada concertada (ECA, CECE, ACES, SAFA, FSIE, USO, UGT y CCOO).

Para ello, la Junta destinará 14,29 millones del total de 93,6 millones para los más de 125.000 docentes entre las redes pública y concertada, según ha detallado la Junta en un comunicado. Según recoge el acuerdo, para el próximo curso, con efectos a 1 de septiembre de este año, la Consejería aplicará un incremento retributivo de 43,5 euros mensuales para el profesorado que presta servicio a tiempo completo y en pago delegado en las etapas de Infantil, Primaria y Educación Especial en los centros concertados andaluces y de 49,5 euros mensuales en 14 pagas, consolidable para el profesorado que presta servicio a tiempo completo y en pago delegado en las etapas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.

El mismo complemento se ha aplicado en el curso de este año. El objetivo, tal y como contempla el acuerdo, es alcanzar en el curso 2024/2025 una mejora salarial para el profesorado que presta sus servicios en la red de centros de la concertada, en pago delegado, en las etapas de Infantil, Primaria y Educación especial, de 145 euros al mes en 14 pagas, y de 165 euros al mes en 14 pagas, para el profesorado que presta servicios en las etapas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. Esta medida contribuye al reconocimiento de la labor desarrollada por el profesorado de los centros concertados.

Evaluación del equipo decente

Por otro lado, Del Pozo, ha presentado el balance del Plan General de Inspección Educativa 2019-23, para el que se ha intervenido en 149 centros escolares en las actuaciones muestrales, y se ha evaluado a 12.070 docentes y 11.978 direcciones, todo ello de forma simultanea a las actuaciones censales para asesorar a los centros. Este balance, ha adelantado Patricia del Pozo, se toma como punto de partida del nuevo Plan General de Inspección Educativa para el periodo 2023-27.

El plan ha afrontado, según ha señalado la consejera, "importantes dificultades y retos". Así, se elaboró en apenas cuatro meses tras el cambio de gobierno en la Junta, y posteriormente se tuvo que reajustar tras la suspensión de la presencialidad en las aulas por la pandemia de Covid-19.

Su elaboración ha constituido un proceso participativo que ha implicado, además del Consejo de Inspección Andaluz y a los Servicios Provinciales de Inspección, a 135 inspectores (la mitad de la plantilla de Andalucía) y a 88 direcciones de centros, que suponen el 60% de los centros que han tenido actuación muestral durante la implementación del plan.

Entre las propuestas de mejora de la propia inspección a su plan, la consejera Del Pozo ha destacado "seguir avanzando en alinear las líneas estratégicas del Plan de Actuación con las prioridades de la Consejería en aspectos relacionados con la mejora de los resultados escolares, haciendo énfasis en la competencia lingüística, la atención al alumnado vulnerable y la Formación Profesional".