La ex asesora técnica de la Consejería de Empleo María José Rofa ha asegurado este martes en el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE que los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán conocían la gestión de la Dirección General de Trabajo en relación con la partida presupuestaria 31L, conocida como el fondo de reptiles, de la que procedían las ayudas sociolaborales y a empresas objeto de este juicio.

En la segunda jornada de su interrogatorio y a preguntas del abogado de la acusación popular que ejerce el PP-A, la testigo María José Rofa ha afirmado que los ex presidentes Chaves y Griñán, que están procesados en esta causa, tenían conocimiento de cómo se gestionaban las ayudas bajo sospecha porque desde el gabinete de la Presidencia "pedían suficiente información de los conflictos y de los pagos cuando surgía una queja o un conflicto".

La acusación también le ha preguntado por sus afirmaciones en la sesión de ayer en las que la ex asesora de Empleo declaró que algunas de las ayudas se concedían por "órdenes de arriba", y Rofa ha explicado que se refería a que "el impulso de muchos temas viene de la acción de Gobierno", a lo que ha añadido que estas ayudas podrían haber sido acordadas bien en la Comisión General de Viceconsejeros de la Junta, denominada popularmente como los "consejillos", o del Consejo de Gobierno o de la propia Presidencia de la Junta. Así, ha insistido en que en muchos asuntos relacionados con las ayudas "no es una decisión del director general" y ha añadido que en el tiempo en que trabajó en la Consejería de Empleo han podido llegar decisiones de "ambas presidencias", en referencia a Chaves y Griñán.

Para Rofa, se trata de asuntos que "no son decisiones de dos consejeros que se sientan solos a decidir" sino que en las mismas intervienen otros interlocutores como incluso el "Gobierno central". Así, ha comentado que había "una broma" con Antonio Fernández en relación con las ayudas de Delphi porque era el único que "no había salido en la foto", porque incluso con ocasión de las mismas habían aparecido en prensa personas como el entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero o el consejero de Innovación Francisco Vallejo.

La ex asesora de Empleo también se ha referido al fin de semana del 20 y 21 de noviembre de 2010 en la que se llevó a cabo la revisión de los expedientes en la Consejería y ha contado cómo esa misma tarde, el ex asesor de Empleo Ramón Díaz -que había cesado en noviembre de 2009, un año antes- le envió un mensaje pregúntandole dónde estaba, al que ella respondió "en el campo con su hijo", y por la noche la telefoneó a su casa, donde mantuvieron una conversación que ha calificado como "muy complicada", porque Díaz ya no estaba en la Consejería y "no tenía por qué saber nada de lo que estaban haciendo". En esa conversación,  Ramón Díaz –que fue diputado andaluz del PSOE- le preguntó directamente si había estado en la Dirección General de Trabajo y "si entendía desde dónde la estaba llamando". El tono, según Rofa, no era en su condición de antiguo "compañero" en la Consejería y entendía que le estaban pidiendo información a Díaz desde la "secretaría general del PSOE de Sevilla", que en ese momento estaba ocupaba por el ex consejero de Empleo José Antonio Viera, también imputado en esta causa.

La ex asesora de Empleo asegura que Daniel Alberto Rivera le dijo que "quitara las órdenes de pago" de los expedientes que se enviaron al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla

Sobre la revisión de los expedientes durante ese fin de semana, que la testigos ha calificado de "un poco de locura" y que le generó mucha ansiedad, Rofa ha señalado que el director de Trabajo Daniel Alberto Rivera le dijo que "quitara las órdenes de pago" de los expedientes que se enviaron al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que ya estaba investigando la aparición de intrusos en el ERE de Mercasevilla.

En el equipo que trabajó el sábado figuraban varios trabajadores de la Dirección de Trabajo, como la secretaria de la dirección general Rocío Sayago, y la delegada de Empleo en Sevilla Aurora Cosano, además de Daniel Alberto Rivera; mientras que el domingo se sumó el jefe del gabinete del consejero Rafael Calvache, y su mujer, gerente del SAE. Según Rofa, se les pidió que buscaran "sindicalistas o nombres de personas que iban a la dirección general de Trabajo".

En un momento, se recibió una llamada del anterior director de Trabajo Javier Guerrero, quien le dijo a la secretaria Rocío Sayago que "eran cuatro maromos y que no se preocupara", en probable alusión a la aparición de los intrusos, personas que habían sido incluidos en las pólizas de prejubilaciones a pesar de que nunca habían trabajado en las empresas.

La testigo también ha comentado cómo el director de Trabajo Daniel Alberto Rivera le preguntó si el ex consejero de Empleo Antonio Fernández -que cesó en marzo de 2010- estaba incluido en el ERE de González Byass, para lo cual se hicieron comprobaciones con el DNI y a continuación Rivera realizó una llamada telefónica -Rofa no sabe si al jefe de gabinete del consejero o al propio consejero- en la que afirmó "ya sabemos por qué este pollo no sale del Parlamento", asegura que fueron sus palabras.

No obstante, la testigo ha defendido la inclusión de Fernández en González Byass, dado que ha dicho que si estaba en situación de excedencia y su puesto se iba a amortizar, "entiende que forma parte de la plantilla", aunque ha añadido que ante de dar un paso más deberían preguntar al bufete que intervino en el ERE sobre las condiciones y por qué se incluyó. 

Sobre Antonio Fernández también ha destacado que despachó en alguna ocasión personalmente con el consejero, sobre todo en relación con Mercasevilla, y ha indicado que fue durante su mandato cuando se rechazó el pago del segundo ERE realizado en esta empresa pública porque "no tenía convenio" firmado por Guerrero, y Fernández lo que defendía es que "no se iba a pagar".

La testigo también ha relatado cómo sufrió unas presuntas amenazas de Daniel Alberto Rivera –que no está siendo enjuiciado en esta causa-, quien según Rofa le puso de manifiesto en una conversación lo siguiente: "Te lo he dicho de buenas maneras antes", y también la llamó "gilipollas" y le pidió que se "dedicara a su hijo y a su trabajo". También ha afirmado que en una conversación grabada el 15 de marzo de 2012 Rivera la amenaza con despedirla porque, según la testigo, creía que había estado hablando con Juan Márquez del expediente de Calderinox y querían "controlar la información", que no se filtraba nada.

Los expedientes se han "completado y reconstruido"

La ex asesora también se ha referido a la forma en que se enviaron los expedientes al juzgado para sostener que esos "no son los expedientes que tenían en la Dirección de Trabajo", por cuanto considera que "se han completado", dado que las pólizas no estaban en todos los expedientes y además "sólo aparecen" sus correos electrónicos y se han mandado expedientes "mucho más desordenados". Para Rofa, no cabe duda de que los expedientes "se han reconstruido", se han metido las pólizas, no aparecer los correos de Daniel Rivera cuando "todas las órdenes las daba por correo electrónico", etc. "No son los expedientes con los que yo trabajé", ha sentenciado.

Así, ha lamentado que ha visto expedientes enviados al juzgado en los que "parecía que las dos únicas personas que trabajábamos en la Dirección General de Trabajo eran Guerrero y María José Rofa", ha ironizado.

Rofa ha criticado, sin embargo, la forma en que se registraban los expedientes en la época de Guerrero, por cuanto "lo que llevaba Guerrero no era un hoja de cálculo con todo níquel" y ha añadido que si hubiera habido un "control exhaustivo" del consejero y del director general que le sucedió no le habrían mandado a ella para hacer ese control, porque Guerrero podría llevar lo que se ha pagado en un mes, pero no supieron "donde estaba el principio y el final" hasta que se completó el trabajo meses después.

La testigo ha contado que toda la documentación que entregó, que ha cifrado en 1.627 archivos electrónicos, la fue recopilando porque como vivía en Huelva y tenía que trabajar en casa tenía la "prudencia" de no borrar los informes y presupuestos, y además hizo una copia en un disco duro, pero ha defendido que "jamás" ha manipulado esos documentos y ha añadido como se trata de archivo informáticos es imposible manipular el contenido y la fecha. María José Rofa ha señalado que el 7 de agosto de 2013 permitió a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que accediera por completo a toda la documentación "que había preparado par a su defensa" y de toda la documentación eligieron "500 folios", una elección que hicieron los agentes entre lo que ella había impreso.

Rofa también ha criticado que la actuación de la Junta para frenar las irregularidades llegó tarde, por cuanto ha señalado que "la Junta ha reaccionado cuando ha reaccionado y no lo ha hecho hasta que surgieron los intrusos, en noviembre de 2010", y ha añadido que si se han seguido pagando las ayudas también se podía haber arreglado la situación en los años 2004, 2005 o 2006.

A preguntas de las defensas, Rofa ha aseverado que todas las declaraciones que ha hecho en el juicio no se fundamentan en suposiciones o deducciones, sino que "todas las afirmaciones se mantienen en informes que le tienen que llegar al jefe de su jefe", en relación a los superiores del director de Trabajo, y ha agregado que no se lleva todo el día suponiendo, sino que es una "constatación del hecho que ha sido así" a través de lo que su jefe ha hablado con el consejero o de las cartas de los trabajadores, entre otros motivos.

En cualquier caso, ha concluido diciendo que "en ningún momento ha tenido la sensación de que estaban haciendo nada ilegal".

La defensa lega que los presidentes no conocían las ayudas

Fuentes próximas a la defensa del ex presidente José Antonio Griñán han rechazado las afirmaciones de la asesora de Empleo sobre el grado de conocimiento que tenían los ex presidentes de la gestión de las ayudas, dado que según apuntaron “no eran los presidentes los que conocían y sí el gabinete” del presidente, al tiempo que señalaron que lo que conocía dicho gabinete “no era el programa, sino el conflicto, la queja”.

De la misma forma, las fuentes añadieron que los ex presidentes “conocían el problema general, algunas manifestaciones concretas, pero no la forma en que se resolvía por los distintos departamentos”.