Las claves del día Suscríbete a nuestra 'newsletter' y recíbela cada mañana de lunes a viernes

Juicio de los ERE

Un ex alto cargo de Empleo declara que nunca conoció los informes de la Intervención

  • El ex secretario general técnico de Empleo Juan Francisco Sánchez García alega que nunca dudó de la dirección de Trabajo actuaba de forma "correcta y ajustada a derecho"

Juan Francisco Sánchez, durante su declaración. Juan Francisco Sánchez, durante su declaración.

Juan Francisco Sánchez, durante su declaración. / EFE

Jornada de transición en el juicio de los ERE, que la próxima semana recibirá a los primeros testigos. El que fuera secretario general técnico de la Consejería de Empleo entre los años 2000 y 2004, Juan Francisco Sánchez García ha asegurado este martes que nunca conoció los informes de la Intervención con los reparos al sistema por el que se concedían las ayudas. El ex alto cargo, último de los 22 acusados en declarar, ha defendido que “no sabía” cómo se materializaban las ayudas ni cómo se concedían.

Juan Francisco Sánchez García, que se enfrenta a una petición de ocho años de prisión y 30 años de inhabilitación, ha explicado que la secretaría general técnica no era destinataria de esos informes, aunque sí ha reconocido con respecto al informe adicional del ejercicio 2003 –remitido en 2005- que únicamente supo del mismo a los “efectos de archivo” del documento, pudiendo observar entonces las conclusiones del mismo, que se referían a la Consejería de Empleo.

Ese informe llegó cuando el acusado ya era secretario general técnico en la consejería de Innovación, cargo que ocupó entre 2004 y 2010, y a partir de este último año fue director de Finanzas de la agencia IDEA, que actuaba como caja pagadora de las ayudas a través de las transferencias de financiación que hacía Empleo.

Sánchez García ha reconocido, en su etapa en Empleo, que era “corriente” la utilización de la agencia IDEA como un “medio propio” de la Consejería y ha dicho que fue informado del convenio marco de 17 de julio de 2001 por el que se concedían las ayudas, pero ha precisado que no fue hasta cuando llegan las primeras modificaciones presupuestarias cuando toma pleno conocimiento de la funcionalidad del mismo, del “alcance” del convenio marco. Así ha defendido que no fue hasta su etapa como director de Finanzas de IDEA, en 2010, cuando pudo examinar el convenio marco.

El fiscal delegado de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga le ha preguntado por el hecho de que la concesión de las ayudas las realizara el director general de Trabajo, aspecto en el que el acusado ha señalado que cuando le explicaron el convenio no le indicaron que las ayudas las concedía el director de Trabajo, entonces Javier Guerrero, el principal imputado en el caso.

El ex secretario general técnico ha admitido que conocía cuáles eran las normas de fiscalización, a lo que ha precisado que "cualquier subvención tiene una fiscalización previa" y también conoce la fiscalización a posteriori, el Control Financiero Permanente.

El acusado ha afirmado, no obstante, nunca puso en duda la concesión de estas ayudas porque entendía siempre que las actuaciones del director de Trabajo eran “correctas y ajustadas a Derecho”, ya que nunca cuestionó el "buen hacer" de cada centro directivo".

Sobre el borrador del proyecto de decreto del año 2000 que se elevó a la Comisión General de Viceconsejeros, conocida como "el Consejillo", para la regulación de las ayudas, ha señalado que la dirección general de Trabajo pidió el "informe preceptivo" a la secretaría general técnica, que determinó que el mismo debería tener la "forma jurídica adecuada", que era una orden, que fuese aprobada por el consejero y publicada en el BOJA. El proyecto finalmente no pasó el trámite del consejillo, aunque el acusado ha dicho que "no recuerda" el motivo que le dieron para decirle que "había decaído el proyecto".

Sobre las modificaciones prespuestarias ha subrayado que estaban "muy regladas", se ajustaban estrictamente a la legalidad, y su departamento hacía un proceso "de pura tramitación administrativa", puesto que se tramitaban por la Dirección General de Presupuestos, que daba su conformidad y además contaban con el informe favorable de la Intervención, por lo que todas se "ajustaban a derecho". Su papel consistía en comprobar que hubiera "crédito suficiente" en la partida que se iba a dar de baja y en la de alta.

También ha defendido que el programa 31L "no era crónicamente deficitario" porque, por ejemplo, en el año 2003 no se produjo ninguna modificación presupuestaria para incrementar la partida de las ayudas. El desfase generado por las transferencias de financiación en el IFA no lo conoció hasta el año 2010, ha afirmado Juan Francisco Sánchez, que ha agregado que cuando llegó en 2010 a la agencia IDEA ese desajuste ya no existe porque desapareció en 2009 y de hecho le explicaron que "se había ido corrigiendo paulatinamente desde 2006 hasta su eliminación", pero nadie le comentó que la solución a ese déficit se debiera a los compromisos del viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá.

El acusado ha afirmado que no tuvo conocimiento de que los responsables de Empleo se plantearan sustituir a IDEA por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) como ente pagador de las ayudas. Cuando llegó a IDEA encontró que el sistema de las transferencias había sido sustituido por la "encomienda de gestión" que estaba "completamente definida y habían desaparecido las transferencias", dando lugar a resoluciones del directo general de Trabajo que ordenaban el pago de las ayudas por el importe total y abonadas por la direccion general de Tesorería.

A preguntas de su abogado defensor, Juan Antonio Bellón Ariza, el acusado ha afirmado que "siempre ha actuado conforme a la legalidad vigente en el ejercicio de sus funciones".

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios