La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al sustituto de Mercedes Alaya, el juez Iván Escalera, que levante parcialmente el secreto de sumario de la causa de los ERE para posibilitar el “impulso procesal adecuado” del procedimiento y poder tomar declaración a “todos” los imputados en la causa, que actualmente son más de 60 pero de los que sólo han llegado a declarar menos de un tercio.

En un escrito remitido al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, el fiscal Anticorrupción ha solicitado al juez sustituto que levante el secreto total de las actuaciones y acuerde, en su lugar, un secreto parcial de las mismas, al estimar que mediante esta fórmula –que consistiría en la apertura de una pieza separada– no se afectaría “al buen fin de las diligencias” que hasta ahora ha solicitado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. De esta forma, argumenta el fiscal, se posibilitaría el “impulso procesal adecuado al resto de la causa, que evite innecesarias dilaciones”, en alusión al retraso que está sufriendo el proceso desde que se acordó el secreto a principios de noviembre y también por la baja continuada por enfermedad de la juez Mercedes Alaya, que lleva fuera del juzgado desde el pasado 12 de septiembre.

Además de solicitar que se levante parcialmente el secreto, la Fiscalía ha pedido que “a la mayor brevedad” se le informe de los recursos que se hayan presentado en el proceso que estén pendientes de resolver y se aporten al juzgado “todos los informes” ya terminados en relación a las distintas piezas separadas abiertas por las distintas ayudas que se investiguen y que hayan elaborado tanto la UCO como la Intervención General del Estado.

El último punto del escrito de la Fiscalía reclama al juzgado que fije un “calendario de declaraciones de todas las personas” que ya estén imputadas formalmente, mediante un auto, y no hayan declarado, así como que se celebren las correspondientes comparecencias para la adopción de posibles medidas cautelares, en relación a la posible imposición de fianzas de responsabilidad civil que pudieran derivarse de las investigaciones. Esta petición de la Fiscalía se produce después de las realizadas la semana pasada en las causas por el delito societario de Mercasevilla y la venta de los suelos del Mercado Central, que también se encuentran paralizadas por la enfermedad de Alaya.

De otro lado, el juez sustituto Iván Escalera ha dictado un auto, con posterioridad al escrito presentado por la Fiscalía, en el que ha rechazado levantar el secreto de sumario del caso, al contestar a una petición realizada en este sentido por la defensa de uno de los imputados, el letrado Carlos Leal Bonmati, que consideraba que la decisión de acordar el secreto no tenía una “justificación razonable” y apuntaba que la repercusión mediática del procedimiento no era motivo para adoptarla.

“Evidentemente, la causa principal de la declaración de secreto de las actuaciones no es la evidente falta de secretismo en torno a las mismas, sino que lo es el impulsar la investigación de los nuevos delitos (indiciariamente cometidos por nuevas personas no imputadas) que ya se dijo, en un entorno adecuado para que la misma llegue a buen fin”, señala el juez, que añade que de no tratarse de un procedimiento “tan mediático” la decisión de declararlo habría sido diferente. “Pero el procedimiento es lo que es y, al margen de quién o cómo se realizan las filtraciones a los medios de comunicación –que no es lo que importa a este proveyente, y entiendo que sea lo que deba importar a ningún otro-, lo verdaderamente importante es que las investigaciones no se vean frustradas por el mero hecho de que las partes tienen conocimiento de las mismas y por ello el secreto se hace necesario”.

El juez insiste en que no hay que “confundir los árboles con el bosque”, porque la causa razonable de la declaración del secreto es el “buen fin de las investigaciones y el entorno en el que se adopta la medida es no sólo el de un procedimiento mediático, sino también el de un procedimiento que está formado por multitud de partes personadas, partes que evidentemente han de tener relación con las nuevas personas o entidades investigadas”, añade el juez. El auto de Iván Escalera concluye, en respuesta al escrito del abogado Miguel Villegas, que el secreto es una medida establecida “legalmente” y ha sido adoptado de una forma “ponderada, justificada y razonada en el presente procedimiento, tal como informa el Ministerio Fiscal”, y agrega que en el recurso no se incluyen más circunstancias que hagan aconsejable la protección de los derecho fundamentes “reales y efectivos” del recurrente.

En cuanto a las investigaciones que se realizan al amparo del secreto, el juez señala que se trata de hechos “absolutamente conexos, indiciariamente cometidos por nuevas personas no imputadas, a la vez que por algunas de las ya imputadas”, por lo que rechaza el llamamiento “a la cordura” realizado por la defensa puesto que la adopción de la medida pasó el previo filtro “de legalidad y de imparcialidad”, además de contar con el “refrendo” de la Fiscalía, que “vela por los derechos de los implicados, sean imputados o meros investigados, y de las garantías procesales de todos ellos”.