Griñán media en la disputa con Fomento y se abre a soterrar el Metro de Málaga

La Junta de Andalucía y, más concretamente, el presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, siguen liando la madeja del Metro de Málaga y ganando tiempo antes de tomar una decisión sobre cómo y cuándo ejecutar la parte final del ferrocarril urbano. El cara a cara que mantuvo ayer el máximo dirigente regional con el alcalde de la capital de la Costa del Sol, Francisco de la Torre, lejos de aportar una decisión en firme, multiplicó las dudas sobre la posición de Griñán, que si bien "no cierra ninguna opción" en lo que al trazado en superficie o bajo tierra se refiere, sí alertó de la necesidad de tener en cuenta el escenario económico actual.

"Está abierto a avanzar en una solución técnica rentable, que no suponga un esfuerzo financiero insoportable para las arcas de la Junta", afirmó el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez. Lo que no hizo fue precisar qué se entiende en el seno de la Administración regional como "insoportable", toda vez que son varias las ocasiones en las que la consejera de Fomento, Elena Cortés, ha sentenciado que la única solución factible económicamente es culminar el recorrido a ras de calle.

Lejos de seguir la línea marcada estos meses por su socia en el Consejo de Gobierno, Griñán opta por el camino de en medio. En este marco, las dos administraciones acordaron iniciar una serie de reuniones técnicas para realizar un análisis "financiero" de cada alternativa, de cuyas conclusiones se extraerá, preferiblemente antes de septiembre, un acuerdo para diseñar el futuro del Metro.

El escenario sólo permite atisbar cuatro campos de estudio: la propuesta en superficie (valorada en 41 millones de euros), a la que se sigue oponiendo de manera radical el Consistorio; el soterramiento total del trazado hasta la Malagueta, inviable por el alto coste de la operación (200 millones, según la Junta); el soterramiento parcial hasta la Plaza de la Marina (unos 90 millones según el Ayuntamiento) y la vía más probable de, si no hay recursos suficientes, paralizar la obra a la altura de río Guadalmedina. Una última solución que en caso de plasmarse tendría claras repercusiones para las arcas de las administraciones local y regional, ya que cada año que se tarde en llegar hasta la Malagueta a partir de 2015 obliga a sumar 10 millones de euros a los costes ya previstos de explotación de las líneas 1 y 2, cifrados en al menos 47 millones.