El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha defendido los aspectos que diferencian a su juicio el plan de ajuste aprobado por el Gobierno andaluz del de otras comunidades autónomas y que se basan en que evita despidos y la privatización de servicios públicos en sanidad y educación. Griñán, que ha presidido el acto de presentación de la memoria de 2011 del Consejo Consultivo de Andalucía, ha señalado a preguntas de los periodistas que la política de ajuste aplicada por la administración autonómica "viene en un 95 por ciento deducida por decisiones del Gobierno central" contenidas en los Presupuestos Generales del Estado y en decretos leyes que afectan al conjunto de las comunidades autónomas, incluida la andaluza.

Pero en su opinión, el plan de ajuste del Gobierno andaluz difiere de las políticas planteadas por otras comunidades en tres aspectos esenciales, el primero de ellos que evita despidos. "Por tanto, tendremos que jugar con el factor sueldos y salarios, pero sin que eso suponga dar de baja a funcionarios y empleados públicos", ha argumentado Griñán, para quien los otros aspectos diferenciales son que la Junta no privatizará servicios públicos relacionados con la sanidad y la educación y que esta última -la educación- seguirá siendo "el objetivo preferente" de la Junta.

Griñán se ha referido a los "muchos sacrificios" que están haciendo los funcionarios en un momento en que la política del Gobierno central, la Unión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) está siendo "equivocada" en numerosas cuestiones, como la de creer que "conteniendo el gasto público se va a solucionar la crisis". En su opinión, el "recetario" para salir de la crisis debe pasar por la intervención del BCE en el mercado de la deuda impidiendo la subida de la prima de riesgo y por políticas de estímulo económico que "no lo basen todo en los recortes del gasto público".

El presidente de la Junta, para quien con esas medidas los ajustes "probablemente no tenían que haberse hecho", ha mantenido que en sanidad y educación, "cualquier recorte que se haga hoy es perjudicial de cara al futuro". Ha defendido, como otras veces, una conferencia de presidentes en España para determinar las políticas que hay que priorizar, así como la unión de los partidos políticos, empresarios y sindicatos para "defender el valor España y una política diferente al euro". El Gobierno de España "se ha dado cuenta ahora" de que el BCE debe intervenir en los mercados financieros y de que hace falta una política económica, fiscal y bancaria común, ha dicho Griñán, que dice coincidir con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en que los fondos de "rescate" vayan directamente a los bancos y no sea el Estado quien tenga que pedirlos para prestarlo a las entidades.