Guerrero: "Parece que la Junta soy yo, nadie estaba ni nadie sabía y todo el mundo éramos tontos"

El ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero ha defendido este jueves la legalidad del ERE de Egmasa y ha criticado que siempre aparezca su figura como uno de los principales implicados del fraude, uno de los sospechosos habituales. “Parece que la Junta soy yo, nadie estaba ni nadie sabía, aquí todo el mundo éramos tontos y nadie ha estado en su puesto”, ha afirmado Guerrero a los periodistas al término de su declaración ante la juez María Núñez Bolaños.

Guerrero acudió este jueves al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla por sexta ocasión, esta vez para responder por las presuntas irregularidades en el ERE de Egmasa. El ex director de Trabajo ha defendido la legalidad de estas ayudas y ha asegurado que no había ningún “intruso” en la misma, en alusión al caso de un sindicalista que, según ha explicado, se hallaba en situación de “excedencia forzosa”, por lo que al reincorporarse se le otorgó la misma ayuda que a los demás trabajadores porque, de lo contrario, hubiera sido “una discriminación no haberlo atendido”.

También ha dicho sobre la falta de documentación de los expedientes de las ayudas que parecer que “ha desaparecido toda la documentación”.

Su abogado Fernando de Pablo, ha insistido en que el ERE de Egmasa era “correcto, como todos los que se han ido dando” y ha corroborado que en esta empresa no ha aparecido ningún intruso.

En su declaración, Guerrero ha explicado que informó a los entonces consejero y viceconsejero de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández de esta ayuda y de la cuantía de la misma, y ninguno les puso ninguna objeción. Algunas fuentes consultadas cuestionaron el hecho de que Guerrero interviniera en este ERE cuando al mismo tiempo que concedía la subvención como director general de Trabajo era miembro del consejo de administración de Egmasa, por lo que entienden que debería haberse abstenido.

Ante la juez Bolaños también han comparecido este jueves el ex director general de Trabajo Juan Márquez, quien ha reconocido que firmó dos pagos relacionados con los trabajadores de Egmasa y ha destacado que nadie le advirtió de que hubiera ninguna irregularidad.

Un tercer investigado que ha declarado hoy ante la juez es el secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO Andalucía Antonio Perianes, quien ha explicado que sólo partició al inicio de las negociaciones del ERE pero no intervino en la culminación de las mismas.

Por el ERE de Egmasa, la juez Bolaños ha imputado a 16 personas, entre ellas los ex consejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández, los ex directores de Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y el representante sindical Antonio Márquez García.

Estas 16 personas están siendo investigadas por su posible responsabilidad en un "presunto desvío de fondos públicos de la Junta de Andalucía" mediante su entrega a la empresa Egmasa para la financiación de su plan de prejubilaciones derivado de la aprobación del ERE de 2003, precisa el auto, que recuerda que el ERE se presentó el 30 de junio de ese año para la extinción de 373 puestos de trabajo por "causas productivas y organizativas, basadas en la necesidad de renovar la plantilla de personas de mayor edad dada su incapacidad física para el desempeño de su trabajo dentro del plan Infoca", de lucha contra incendios.

La magistrada destaca que todos los trabajadores incluidos en el ERE habían trabajo en ayuntamientos y diputaciones en el marco del Plan de Empleo Rural (PER), y tras cesar pasaron a recibir prestaciones por desempleos o subsidios para mayores de 52 años, siendo entonces "recolocados en Egmasa, en donde a la fecha el ERE llevaban trabajando una media de tiempo no superior a cuatro años".

Bolaños explica que "sin solución de continuidad", el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero, autorizó el ERE el 15 de septiembre de 2004, aprobando la extinción de las relaciones laborales de esos 373 trabajadores.

En octubre de 2003 se firmó un protocolo de colaboración entre Guerrero y el responsable de la empresa Eginasa, Javier Serrano Aguilar, por el que la dirección general de Trabajo se comprometía al pago de las primas por una cantidad de 11.184.252 euros, mientras que Egmasa se comprometía a aportar para el mismo fin 2.404.048 euros.

El importe total de la subvención concedida a Egmasa por la Junta de Andalucía para el pago de la indemnización por despido colectivo de estos trabajadores a través de un plan de rentas ascendió, al menos, a 21.673.680 euros, de los cuales consta que los pagos realizados desde 2004 hasta 2010 por la agencia IDEA suman 16.069.391,88 euros, a los que habría que añadir la cantidad de 300.000 euros mediante los denominados "pagos cruzados" ordenados a IDEA por los sucesivos directores generales de Trabajo durante los años respectivos.

Dice la magistrada que la ayuda se dio con el "conocimiento y consentimiento tanto del entonces consejero de Empleo José Antonio Viera, como del viceconsejero de Empleo, Antonio Fernández, quienes además en esta fecha eran respectivamente presidente y vicepresidente del IFA".