El que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, el principal imputado en la trama de los ERE fraudulentos que investiga la juez Mercedes Alaya, no sólo concedió las subvenciones de forma "delictiva y arbitraria", sino que a cambio de hacerlo recibió regalos de algunos de los beneficiados por esas ayudas. Así al menos lo considera la juez de Andújar (Jaén), que investiga la parte de la trama referente a las ayudas irregulares al chófer del propio Guerrero.

Los juzgados 1 y 2 de Andújar han acordado continuar su investigación contra el chófer Juan Francisco Trujillo por presunto delito fiscal al no declarar a Hacienda dos subvenciones de 450.000 euros obtenidas por sus empresas Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena.

La juez número 1 de Andújar, en su auto de inhibición, recoge que el chófer declaró como imputado el pasado 20 de diciembre y reconoció que, a cambio de la subvención, entregó a Guerrero "una cantidad de entre 40.000 y 60.000 euros, además de regalos diversos". Previamente, este imputado había declarado a la Policía que destinó parte de los 900.000 euros percibidos a comprar cocaína, antigüedades y ropa para el ex director, así como a fiestas y copas.

Ahora, la juez dice que Trujillo "podría haber cometido un delito de fraude en subvenciones por no haber destinado la subvención a la creación de empleo", finalidad para la que había sido otorgada. Pero además, recoge indicios de que la ayuda "fue concedida de forma arbitraria y sin sujetarse a procedimiento alguno" por parte de Guerrero.

El ex director general pudo haber cometido delitos de "concesión irregular y arbitraria de ayudas públicas, prescindiendo del procedimiento administrativo reglado y percibiendo contraprestaciones por las mismas", añade el auto, que precisa que procede la inhibición puesto que los delitos fueron cometidos en Sevilla como sede de la Dirección General de Empleo de la Junta. Por cada una de las subvenciones, Trujillo eludió presuntamente el pago a la Agencia Tributaria de una cuota de 165.067 euros, correspondientes al impuesto de sociedades del año 2004.

Guerrero está citado como imputado el próximo jueves ante la juez Alaya, que le interrogará por el medio centenar de abogados personados por sus declaraciones a la Guardia Civil en el sentido de que, tras estallar el escándalo de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos, en la Consejería de Empleo se produjo una "destrucción y ocultación de documentos". El abogado del ex director general ha negado en varias ocasiones las acusaciones del chófer sobre la compra de cocaína y ha anunciado querellas contra él.

Los juzgados se han inhibido a favor de Alaya, en la parte de la denuncia referente a delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y cohecho presuntamente cometidos en la concesión de las ayudas.