La Junta advierte de que no habrá "amnistía" para las viviendas alegales

La consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, ha advertido de que no habrá "amnistía general" para las viviendas "alegales" existentes en el territorio andaluz, y ha recalcado que su regularización no puede generar costes a las administraciones públicas. Serrano ha hecho estas manifestaciones durante su comparecencia ante el pleno del Parlamento para informar sobre las medidas previstas para dar una solución definitiva a las viviendas alegales en Andalucía, a petición del PP, que ha lamentado que la consejera haya perdido una "oportunidad de oro" para solucionar este problema, que afecta a 300.000 casas.

"Estamos dispuestos a avanzar en el proceso de regularización de estas edificaciones, pero no a cualquier precio", ha señalado la consejera tras subrayar que hay que cumplir la normativa vigente. Según la consejera, legalizar las viviendas fuera de ordenación no puede ser un trámite "rentable" para el infractor ni puede generar costes a las administraciones públicas. Ha recalcado que se trata de una "responsabilidad de todos", pues de acuerdo con las leyes de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y de la Autonomía Local, la disciplina y protección de la legalidad urbanística corresponde a los ayuntamientos, mientras que a la Junta se le atribuye la intervención en determinados actos para la tutela de bienes o derechos de interés general.

Junto a estas dos leyes, ha destacado el decreto que regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en la comunidad autónoma en suelo no urbanizable, que tiene como objeto favorecer la incorporación de dichos asentamientos al planeamiento urbanístico y clarificar las distintas situaciones en las que se encuentran las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable. Así, el decreto regula los requisitos y procedimientos para integrar los asentamientos, de acuerdo con el modelo territorial y urbanístico, en la ordenación de los Planes Generales de Ordenación Urbana, como una vía para reconducirlos a la legalidad.

En este caso, la incorporación se realiza mediante la clasificación como suelo urbano no consolidado o como suelo urbanizable, siempre y cuando se trate de asentamientos contiguos a núcleos ya existentes. El decreto aborda también la solución de otras situaciones, como las de las "edificaciones en situación de asimilado fuera de ordenación" (AFO), conocidas también como alegales, unas obras que se han realizado infringiendo la normativa urbanística y sobre las que han transcurrido ya los plazos para poner en marcha medidas de protección y restauración de la legalidad urbanística. A su juicio, la declaración de una edificación asimilada "a fuera de ordenación" no modifica el carácter ilegal de la misma, sino que garantiza la habitabilidad sostenible de las viviendas que se encuentren en esa situación, posibilitando el acceso a los suministros básicos, como luz y agua.

Serrano ha recalcado que su departamento continuará desarrollando la labor de inspección urbanística para evitar nuevas situaciones irregulares y restaurar situaciones de ilegalidad en curso o ya existentes, al tiempo que reforzará la colaboración con los ayuntamientos, con el fin de analizar y estudiar las situaciones concretas que existen en el territorio andaluz.

El portavoz del PP, Miguel Ángel Castellón, ha calificado de alegales dichas edificaciones porque están en un "limbo político", y ha llamado la atención sobre la especial incidencia de esta problemática en las comarcas almerienses del Almanzora y el Levante. "Es un auténtico problema, un despropósito que se está llevando los ahorros de miles de familias que compraron las viviendas", ha alertado Castellón, que ha considerado aún más "grave" que se esté, a su juicio, cercenando la "reputación y el buen nombre" de Andalucía, donde el turismo residencial ha traído "mucha prosperidad".

"Ustedes les niegan el plan y la sal", ha denunciado el diputado popular, que ha criticado que los informes sectoriales de ordenación urbanística "duermen el sueño de los justos en los cajones", pues la cantidad de planes aprobados es "ridícula". En su opinión, el decreto para regularizar dichas edificaciones y asentamientos ha sido "inútil", lo que ha achacado a que su aprobación fue "fruto de un engaño electoralista" del PSOE, al tiempo que ha asegurado que lo que se ha hecho es dilatar una solución definitiva. Con el decreto, según el PP, no se ha regularizado ni el 10 por ciento de las edificaciones, por lo que ha exigido que se garantice a los compradores de esas viviendas, aunque sea por "motivos de humanidad", los servicios básicos porque muchos han pagado, incluso, el Impuesto de Bienes Inmuebles.