La Junta de Andalucía tiene previsto aprobar hoy el decreto en el que se recogen distintas medidas fiscales y económicas para conseguir a final de año cumplir con el objetivo de déficit al 1,5%, que incluye una rebaja salarial a los empleados públicos de más de 700 millones. Tras el anuncio, la Junta de Andalucía negoció con los sindicatos presentes en la Mesa General de la Función Pública, sin éxito, ya que la propuesta inicial apenas ha tenido modificaciones: la garantía de que ningún empleado público gane menos de mil euros, la aminoración del impacto en los interinos al cifrar la reducción de jornada laboral y salario en un 10% en lugar de un 15%, y el compromiso de que los empleados recuperen sus derechos cuando la situación económica lo permita. En este tránsito, los altos cargos de la Junta vieron reducidas sus retribuciones de un 5% a un 7,5%. La cuantía económica de estos cambios se conocerá hoy, aunque ésta no será superior a los 40 millones de euros, lo que los sindicatos consideraron "insuficiente" el pasado viernes.

La Junta insiste en que la magnitud del recorte, el mayor de la historia andaluza, supone una hoja de ruta "radicalmente distinta" a la del Gobierno de la nación, según manifestó la consejera de Presidencia e Igualdad y secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz.

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, Susana Díaz señaló que ante una decisión que viene "impuesta por el Gobierno de España y que afecta de alguna manera a alguna retribución de los empleados públicos, lógicamente, no es fácil de consensuar ni con los representantes de los trabajadores ni con los trabajadores en sí". No obstante, Díaz agregó que a medida que van avanzando los días, se está viendo que en Andalucía hay un modelo "radicalmente distinto" al de España, porque en esta tierra hay una firme apuesta por el mantenimiento del empleo público y de los servicios públicos, por la protección de aquellos trabajadores que cobran por debajo de los mil euros, por la flexibilizar la posición respecto a la jornada de los interinos, y por la reducción de los salarios de los altos cargos (que en dos años van a ver reducidos sus ingresos en torno a un 23%) o realiza ajustes en protocolo y coches oficiales. El PSOE va a explicar a los ciudadanos el por qué de esas decisiones y las diferencias, ya que en Andalucía no se van a cerrar centros de salud ni hospitales, se va a mantener el empleo público y no se va a ampliar la ratio de alumnos en las aulas, indicó Díaz.

En cuanto al socio de gobierno del PSOE en la Junta, IU, el plan de ajuste abrió un fuerte debate interno que llevó a los consejeros de la coalición a reclamar a finales de mayo un aplazamiento del decreto de ajuste para buscar "elementos de consenso y de alternativas", dijo entonces el coordinador general y vicepresidente de la Junta, Diego Valderas. Ayer Valderas opinó que el Gobierno andaluz tiene que llevar a cabo el plan de ajuste porque los recortes del Ejecutivo central han dejado a la comunidad "sin campo de maniobra". Valderas indicó que IU nunca ha defendido la política de recortes, pero que en esta ocasión se trata de una "imposición". Ayer un movimiento denominado IU por la Base reclamó a la dirección que rechace el plan de ajuste al ser contrario a la ideología de la federación de izquierdas. Así se han posicionado delegaciones provinciales de la coalición como las de Sevilla y Córdoba. Valderas aseguró que se ha buscado una alternativa "con algo tremendamente progresista" como es "que no se toque a la parte más débil de los funcionarios públicos", que definió como "un importante avance". El representante de la coordinadora IU por la Base, Manuel Rodríguez Guillén, avisó a Valderas que no puede colocarse al margen de lo que opinan los consejos provinciales, el consejo andaluz y la militancia de IU, y es que "en ningún lugar del programa político de IU, ni del acuerdo cerrado con el PSOE, se incluyen recortes sociales".