La Junta no cejará en su objetivo de derribar el hotel del Algarrobico

El Gobierno que preside Susana Díaz no descansará hasta ver borrada del mapa la construcción del hotel del Algarrobico. La jefa del Ejecutivo autonómico reaccionó así ayer a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que declara "urbanizable" el suelo sobre el que se levanta la edificación, al anunciar en el Pleno del Parlamento que recurrirá "por todas las vías posibles" para "impedir que siga adelante" el hotel construido en la playa por la promotora Azata del Sol.

Díaz hizo pública este posicionamiento de la Junta durante la sesión de control en una respuesta al portavoz parlamentario de IU-CA, José Antonio Castro, que demandó previamente a la presidenta que tenga "puño de hierro" en este asunto para situar a su Gobierno "al lado del movimiento ecologista" y formular recurso "cuanto antes" ante el Supremo.

"Frente al fantasma de volver a la especulación urbanística y a un pasado que tanto queremos olvidar, vamos a recurrir y a utilizar todas las vías judiciales posibles para impedir la construcción y que siga adelante el Algarrobico", garantizó Díaz, que expresó su "preocupación" por la sentencia del TSJA. A juicio de la presidenta, la instalación del hotel representa "lo que no tiene que ser la construcción en las costas andaluzas".

La Junta va a interponer un recurso de casación contra la sentencia porque no la comparte al "desproteger" el paraje natural del Algarrobico, una protección que ya se blindó en 2008. Según la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, hay determinadas líneas que no se deben pasar y el Algarrobico es un "símbolo de lo que no se debe hacer en la costa", con lo que la Junta va a tratar de proteger la costa y el litoral andaluz, apostando por un desarrollo sostenible del territorio.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, insistió ayer en que es la Junta la que deberá decidir, en su momento, cuándo procede demoler el hotel, al tiempo que ratificó el compromiso del Estado de cofinanciar al 50% los costes de la demolición y recuperación de la zona. El ministro recordó que no es el Gobierno central el que puede tomar la decisión de ejecutar las sentencias sobre la construcción sino que es la Junta "cuando considere que se han agotado los trámites legales y que es procedente la demolición" la que debe acordar esa ejecución.

"Yo puedo ratificar el compromiso firme del Estado para que cuando la Administración autonómica, en el momento en el procesalmente pueda, acuerde la demolición el Gobierno participe financiando los gastos de la demolición y la restauración, tal y como se estableció en el protocolo de colaboración", explicó Arias Cañete, que subrayó que "cuando así lo acuerde estableceremos de común acuerdo los gastos de demolición y los financiaremos al 50%, dentro del espíritu de colaboración que tenemos".