El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado el decreto de Inclusión Social, dotado con casi 158 millones de euros y que beneficiará a unos 160.000 andaluces (10.000 más que el anterior), y que incluye como novedad la vinculación del salario social al empleo, mediante subvenciones a la contratación. El decreto aprobado, que tendrá un plazo de ejecución de nueve meses desde su publicación en el BOJA, modifica el anterior para hacerlo más "efectivo", según ha explicado en conferencia de prensa la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio.

La nueva norma consta de tres programas: Plan de Inclusión a través del Empleo, Plan Extraordinario de Solidaridad y Plan Extraordinario de Garantía Alimentaria.

El Plan de Inclusión a través del Empleo, que cuenta con un presupuesto de 42 millones de euros, recoge un programa extraordinario de ayudas a la contratación a través de los ayuntamientos, que se distribuirán entre los municipios de manera proporcional al número de personas en paro. A esta iniciativa, que tiene previsto más de 25.000 contratos, con una duración de entre 15 días y 3 meses, tendrán acceso además las personas sujetas a regímenes especiales de la Seguridad Social.

El Decreto Ley incluye como novedad la posibilidad de que las personas perceptoras del Ingreso Mínimo de Solidaridad, conocido como salario social, se reincorporen al mercado laboral, de forma que podrán ser contratados -durante un máximo de 6 meses a jornada completa- por empresas de economía social, a las que la Junta concederá hasta 2.500 euros por trabajador. Esta medida está dotada con dos millones de euros, según ha detallado la consejera.

Por su parte, el Plan Extraordinario de Solidaridad de Andalucía, con un presupuesto de 11 millones, incluye un Programa de Suministros Mínimos Vitales y Prestaciones de Urgencia Social, y la ampliación de las ayudas económicas familiares. Con respecto al primero, se trata de nuevas prestaciones a gestionar por los ayuntamientos y destinadas a familias más vulnerables para sufragar suministros básicos (agua y luz); el equipamiento esencial de vivienda, como muebles o reparaciones; necesidades urgentes de alimentación y vestido, o el pago del alquiler. Las entidades locales recibirán de la Junta entre 3.900 y 52.000 euros en función del número de desempleados del municipio, y el programa en su conjunto está dotado con 6,5 millones. Asimismo, el decreto ley amplía de 1,4 millones a 5,9 la dotación de las Ayudas Económicas Familiares, prestaciones temporales, dinerarias o en especie que se conceden a familias para la atención de las necesidades básicas de menores a su cargo cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello.

En cuanto al Plan Extraordinario de Garantía Alimentaria, iniciativa que garantiza a los colectivos menores y personas mayores más vulnerables el acceso a la alimentación, estará dotado con 11 millones de euros en 2014. La Junta prevé que este año sean más de 20.000 escolares los que reciban tres comidas diarias en los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria, y durante el periodo vacacional volverán a funcionar las escuelas de verano.

Por su parte, los mayores andaluces se beneficiarán del refuerzo del Programa Bonificado del Servicio de Comedor de los Centros de Participación Activa, con una previsión de 120.000 comidas diarias para más de 3.500 usuarios, y del 'catering' a domicilio. "No creemos tener la fórmula para resolver de manera definitiva todos los problemas que provocan la exclusión social, pero éste decreto va a incluir también fórmulas de seguimiento y evaluación del impacto de la crisis y de sus propias medidas", ha dicho la consejera, que ha remachado que "Andalucía apuesta, de nuevo, por resolver los problemas de las personas" y ha hecho un llamamiento para "aunar esfuerzos".