La Junta de Andalucía ha revisado, como consecuencia de la investigación por los ERE falsos, 325 ayudas sociolaborales y ha detectado hasta el 12 de junio 200 con irregularidades, lo que ha supuesto la reclamación de 12 millones de euros a sus perceptores y dejar de pagar otros 14 millones. Así se recoge en un informe que el ex director general de Trabajo Daniel Rivera entregó a la juez que investiga los ERE con motivo de su declaración como imputado, el pasado 12 de julio, en el que como muestra de la "colaboración constante" de la Junta con la Justicia recoge que, hasta marzo pasado, el Gobierno andaluz había entregado al juzgado de instrucción 6 más de 200.000 folios de documentación.

Dicho informe, al que ha tenido acceso Efe, indica además que hasta el pasado 12 de junio la Junta había iniciado la revisión de 191 ayudas a empresas, ayuntamientos y consultoras con cargo a la partida 31L o fondo de reptiles, por un importe total de 106.191.283 euros, correspondientes a un crédito total comprometido de 135.068.340 euros. Rivera explica que hasta el 12 de junio de 2012 la Junta había revisado 325 expedientes de ayudas sociolaborales, de los que 281 habían ya concluido en su primera fase y 44 estaban en trámite de alegaciones.

De los concluidos, 200 presentaron algún tipo de irregularidad porque el perceptor no tenía ningún derecho o simultaneaba esta percepción con trabajos remunerados o con incapacidad permanente, 71 eran correctos y "se han resuelto favorablemente para las personas interesadas", uno terminó con revocación, cinco con archivo y cuatro se remitieron a una revisión de oficio.

Precisa el informe de Rivera que las cantidades "reintegrables" a la Junta por lo "indebidamente abonado" a esos trabajadores asciende a 12.823.637 euros, cantidad a la que deben unirse los 14.725.868 euros que la Administración ha dejado de abonar en esos expedientes. Hasta el 12 de junio, en 105 expedientes la Junta había iniciado la fase de reintegro y las cantidades reclamadas ascendían a 9.960.169 euros.

La juez sevillana Mercedes Alaya mantiene imputados por los ERE falsos a 60 personas entre intrusos que nunca trabajaron en las empresas beneficiarias, cinco ex altos cargos de la Junta, abogados y mediadores en los expedientes. Estos datos aportados por Rivera contrastan con los que maneja la juez, que en un auto de marzo pasado estimó que son 617 las ayudas sociolaborales y 270 las ayudas directas a empresas otorgadas fraudulentamente, ocasión en la que la Fiscalía Anticorrupción cifró a su importe en 933 millones de euros.

El informe de Rivera consta de 29 folios y su objetivo es "recapitular" sobre las "medidas correctoras y de recuperación de pagos indebidos" puestas en marcha por la Junta respecto a la gestión de fondos del programa 31L entre 2001 y 2010.

La primera fase de la investigación de la Junta se refería a la totalidad de los ERE que en ese momento estaban siendo financiados por la Junta y abarcó a 5.982 personas, de las que 72 resultaron ser intrusos que nunca habían trabajado en las empresas beneficiarias. Otros 111 trabajadores presentaban discordancias administrativas, aunque sí que habían trabajado en las empresas, y 5.799 trabajadores (el 96 por ciento) no se detectaron irregularidades, según recuerda el informe de Rivera.