El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, sostiene que no se debe favorecer con dinero público "la educación discriminatoria de carácter privado". Así lo manifestó ayer el líder de izquierdas durante una visita a un patio cordobés donde se refirió al auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha ordenado a la Junta devolver, de manera cautelar, el concierto educativo al colegio femenino Albaydar de Sevilla, uno de los 12 centros andaluces que segrega a los alumnos por sexo. Valderas señaló que el Gobierno andaluz estudiará un recurso contra el auto del TSJA, algo que ya ha confirmado el consejero de Educación, Luciano Alonso.

Precisamente el responsable autonómico de Educación quiso subrayar ayer una vez más que no está de acuerdo "con un sistema pedagógico que, desde pequeños, comience con la discriminación". Alonso, que inauguró en Fuengirola (Málaga) unas jornadas sobre la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), declaró ayer que el Gobierno andaluz tiene "el convencimiento profundo de que la igualdad es un elemento irrenunciable en un sistema educativo, máxime cuando se hace desde la más corta edad, y por tanto vamos a recurrir ese proceso y vamos a decir que no estamos de acuerdo en un sistema pedagógico que, desde pequeños, comienza con la discriminación".

Por su parte, desde el PP se acusa a la Junta de Andalucía de mantener una "ofensiva ideológica" contra los centros educativos privados. La portavoz de Educación de los populares andaluces, Marifrán Carazo, declaró ayer a Efe que no entienden por qué el Gobierno andaluz se niega ahora a concertar con los centros donde hay una educación diferenciada por sexos cuando mantenía los conciertos desde hace años. "Es una ofensiva contra estos centros por pura ideología, por demostrar que son más radicales que nunca", opinó Carazo. Para la dirigente popular, la Junta "no piensa en los centros, en el profesorado, en las familias y en la situación de incertidumbre que ha generado".

En este sentido, Carazo asegura que el primer derecho por el que tiene que velar la administración autonómica es la libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos y que tiene que "acatar y cumplir" la Lomce y "no buscar excusas". Y dijo que antes de nada la Junta debería "resolver graves problemas como el abandono escolar o la alta tasa de fracaso".