"Andalucía es una referencia europea en el desarrollo de leyes sociales pioneras encaminadas a la ampliación de derechos de la ciudadanía". Con esta frase inauguró ayer la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, el Congreso Europeo de Servicios Sociales de la Red Social Europea. A las puertas de dicho encuentro, celebrado en Sevilla, decenas de trabajadores de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Junta protestaban para lograr un convenio único para los más de 1.500 trabajadores del sector.

"Hemos dejado atrás lo que en su día fue la beneficencia, pasando a ofrecer derechos subjetivos exigibles por la ciudadanía", defendió la titular de Políticas Sociales, que puso como ejemplo la nueva Ley de Servicios Sociales o la Renta Mínima de Inserción Social. En este contexto, Sánchez Rubio habló también del mapa y el nuevo portal de Servicios Sociales, "diseñado para facilitar a los usuarios el acceso a la información de una manera clara y organizada, adaptado a los distintos dispositivos".

La consejera también aludió sobre la Estrategia Regional de Intervención en Zonas Desfavorecidas en Andalucía, "que es mucho más que la suma de las distintas políticas sectoriales que ya se vienen desarrollando" y que tendrá una dotación superior a los 37 millones en este año.

Muchos de los trabajadores que tendrán que aplicar estas políticas, en estrecha colaboración con los servicios sociales comunitarios, proceden la mencionada Agencia de Servicios Sociales y la Dependencia de Andalucía. La plantilla de esta entidad de la Junta está inmersa en un conflicto laboral por el bloqueo del convenio colectivo.

La protesta, según fuentes sindicales se debe al incumplimiento por parte de la Junta del preacuerdo de convenio colectivo alcanzado en julio del año pasado. La Consejería de Hacienda negó su aprobación, a pesar de ser un acuerdo de "mínimos" porque los trabajadores de la agencia son los que menos cobran de todas las agencias del sector público andaluz y, además, hay diferencias salariales de hasta 300 euros al mes por el mismo trabajo y al amparo del mismo convenio. La propia consejera se comprometió a la búsqueda de un convenio único.