El consejero de Función Pública, José Antonio Nieto, ha mantenido una reunión con los grupos parlamentarios con el fin de consensuar una postura común para solicitar al Gobierno "una solución legal para los interinos de larga duración que no han superado los procesos para la estabilización del empleo público y cesarán conforme se vayan incorporando quienes sí han aprobado".

La reunión del consejero se produce después de que el pasado lunes abordara este asunto con los sindicatos CCOO, UGT, CSIF e ISA y en el que planteó la necesidad de establecer una “unidad de acción” para reclamar al Ministerio de Hacienda y Función Pública una interpretación de la Ley 20/21 del Gobierno para regularizar la estabilización del sector público que "dé amparo legal a aplicar una solución excepcional para este colectivo de interinos".

Según ha informado en un comunicado la Consejería, Nieto les trasladó a los sindicatos que quería contar con los grupos parlamentarios para ir de la mano en la petición al Ministerio de esta solución legal.

En la reunión de este lunes, celebrada en el Parlamento, han participado representantes de PP, PSOE, Vox y Por Andalucía.

Los procesos de estabilización que actualmente se están terminando de resolver con la toma de posesión de los funcionarios que los superaron provienen de las leyes de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018, previos a la publicación de la Ley 20/21 que recoge medidas excepcionales a las que no pueden acogerse estos procesos.

Se convocaron mediante concurso-oposición, en lugar de solo oposición, de forma que no solo se contase la puntuación del examen sino también la experiencia laboral de los candidatos, si bien alrededor un millar de interinos no superaron el proceso.

Para no perder el capital humano de estos trabajadores con años de experiencia en la Administración autonómica, la Consejería ya está poniendo en marcha bolsas preferentes con este personal, ordenado por antigüedad, para cubrir plazas que queden vacantes una vez que los funcionarios que se incorporen escojan destino así como bajas y necesidades temporales de personal que se produzcan, ha indicado la Consejería.

No obstante, el objetivo de la Junta es consensuar con sindicatos y grupos políticos un escrito dirigido al Ministerio para solicitar una interpretación de la Ley 20/21 que ofrezca una salida legal a estos interinos.