La Junta intenta ahuyentar a los compradores de La Almoraima

La Junta de Andalucía pretende ahuyentar a los posibles compradores de La Almoraima con el endurecimiento de sus condiciones de uso medioambiental y aspira a hacerse cargo de su gestión mientras que el Gobierno central se mantiene firme en su planteamiento de venta del latifundio.

Dos posturas opuestas que forman ya un nuevo frente de confrontación entre ambos ejecutivos y que tuvo su máximo exponente, hasta el momento, en la jornada de ayer con la visita al Campo de Gibraltar de dos miembros del Gobierno de la Junta mientras que desde el Ministerio de Agricultura tacharon las propuestas de buscar "fines políticos" alejados de lo dicho por la presidenta Susana Díaz.

La consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, ratificó por la mañana en Algeciras que la Junta prevé ampliar la superficie del parque natural de Los Alconocales en 7.000 hectáreas para proteger los recursos de este espacio y evitar así que se pueda "especular" en La Almoraima, dentro del Plan especial de Ordenación de Recursos Naturales de Los Alcornocales.

Esta ampliación incluirá la totalidad de la finca, así como los espacios limítrofes de Marajambú, Chapatal, Pinar del Rey, Alcaidesa y Guadalquitón-Borondo (en los términos municipales de Castellar de la Frontera y San Roque). Serrano indicó que ante las peticiones de la junta rectora del parque, era necesario ampliar los límites para preservar los recursos naturales sotenibles y en ellos se encuentra la La Almoraima. Así, aseguró que aunque no se puede impedir que el Gobierno central venda el latifundio, "el inversor que la compre sabrá que no puede hacer los proyectos especulativos que tenía pensado el Ministerio". Por otro lado, añadió que para hacer extensible el parque natural a La Almoraima no es necesario contar con el Gobierno porque es competencia de la comunidad autónoma por la Ley de la Biodiversidad.

En cuanto a la posibilidad de que el Gobierno venda la finca antes de que se materialice esta ampliación, la consejera señaló que no cree que le dé tiempo puesto que antes tiene que sacar una licitación pública que todavía no ha hecho. Además, aseguró que desde el inicio del expediente y mientras se tramita en su totalidad se concede una protección cautelar de este espacio natural.

La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, también subrayó que la finca "debe ser un espacio para disfrute de todos los ciudadanos porque así ha sido siempre".

Sus palabras tuvieron réplica por la tarde desde el propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que criticó las maniobras "con fines políticos" de la Junta para ampliar los límites del parque natural y acusaron a la Consejería de Medio Ambiente de intentar frenar las posibilidades de crecimiento económico de la zona. Además, el Ministerio recordó que La Almoraima fue propiedad privada hasta que fue expropiada en 1983, en réplica a Víboras. "El Gobierno mantiene su decisión de extinguir la sociedad mercantil La Almoraima S. A. y proceder a la venta de la finca, devolviéndola de esta forma a la propiedad privada en el marco de su firme intención de reducir las estructuras de gasto público y promover una gestión eficiente y sostenible de la finca, garantizando la máxima conservación medioambiental de la superficie protegida", explicaron.

Asimismo, puntualizaron que una ampliación de los límites protegidos "no responde a criterio alguno relativo a valores medioambientales" porque, según el Ministerio, dichos terrenos de la finca constituyen una superficie dedicada a regadíos, agricultura de secano y pastos, que no reúnen las características propias de una protección medioambiental especial, a la par que rechazaron los argumentos de "especulación" difundidos desde la Junta y afearon que se cae en una contradicción con las propuestas de desarrollo socioeconómico de la región preconizados por la presidenta Susana Díaz.

Por su parte, el Ejecutivo andaluz sí aspira a hacerse con la gestión de La Almoraima, según detalló el vicepresidente Diego Valderas, tras reunirse con las autoridades locales de Castellar y la plataforma en contra de la venta. Valderas insistió en que el objetivo es que la finca pase al patrimonio público andaluz y afeó al Gobierno central que busque "hacer caja". Valderas abogó por la apertura de un proceso de diálogo con Madrid y dijo contar para ello con la presidenta. Además, subrayó que la finca puede generar beneficios que deben servir para el conjunto de la ciudadanía y "no para un particular".