El consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera, desea impulsar la mediación a cargo de policías, funcionarios municipales y jueces de paz como una forma de "pacificar la vida ciudadana" y para desatascar los juzgados. En una entrevista con Efe, De Llera explicó que los juicios de faltas son en su mayoría "producto de una mala gestión del conflicto", por lo que si intervienen en ellos "personas con cierta formación en mediación, como policías o funcionarios municipales, podrían resolverlos sin derivarlos al juez de instrucción".

La Junta ya ha empezado a dar formación en ese sentido a policías locales porque "el momento de mediar" es cuando ellos intervienen, nada más producirse el conflicto, de forma que si entonces se consigue el acuerdo entre las partes "no tendrían ni que hacer atestado, sino sólo dar cuenta de la conformidad" y no haría falta llegar a juicio. El consejero explicó que "una resolución judicial es una decisión impuesta a las partes, y a la que pierde no le satisface nada", lo que contribuye a la mala imagen de la Justicia. La ventaja de la mediación es que la solución "la crean, la generan y la aceptan las dos partes, por lo que es más satisfactoria". "A ello se suma que es más rápida, porque no exige el proceso garantista que se necesita para llegar a una sentencia" y la consecuencia es que "da celeridad y disminuye la litigiosidad" que atasca los tribunales, según el consejero. La Junta, precisó De Llera, pretende dar esa formación a policías, funcionarios municipales, agentes sociales o a los jueces de paz, todo ello entendiendo la mediación como "un mecanismo de pacificación de la vida ciudadana".

Por otra parte, De Llera informó de que su Consejería prepara una regulación legal de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) para que estén atendidos por "personal adecuado" y para que sólo lleguen a ellos los asuntos "realmente conflictivos". Los PEF no están regulados en la actualidad por ninguna norma andaluza o estatal, por lo que "no sabemos quiénes son o de dónde vienen" y el objetivo de la regulación es "establecer las condiciones mínimas que deben reunir, que estén atendidos por personal adecuado y cumplan las funciones que realmente piden los ciudadanos", afirmó De Llera. Además, los PEF están pensados como un lugar de encuentro de los hijos y sus padres en situaciones especiales como divorcios o ruptura de la convivencia familiar y en Andalucía existen diez: uno por provincia junto a los de Algeciras (Cádiz) y Marbella (Málaga).

De Llera, que hasta su nombramiento en mayo pasado era fiscal coordinador de la Audiencia de Sevilla, dijo además que otro de sus objetivos es ofrecer en Andalucía una Justicia "lo más eficaz posible". A diferencia de la sanidad o la educación, que pueden ser prestadas por el sector privado, en la Justicia "sólo existe la pública y el ciudadano no tiene alternativas, esa es la única garantía de sus derechos fundamentales y libertades", precisó el consejero. De Llera reconoció que los jueces se quejan, "y con razón", de la carga de trabajo que tienen pero igual están los fiscales, funcionarios, secretarios y los abogados y dijo apostar por una "gestión moderna de los tribunales".