Las ocho diputaciones provinciales andaluzas dejan de cobrar en vía ejecutiva los ingresos de derecho público de la Junta de Andalucía. La decisión es efectiva desde principios de año, tal y como confirmó esta semana en el Parlamento andaluz el consejero de Hacienda, Juan Bravo. Con este paso, el Gobierno andaluz pone fin a una relación de colaboración vigente desde 1993, cuando se firmaron los convenios con las instituciones supramunicipales.

Bravo, que recordó que esta iniciativa deriva de un plan aprobado por los anteriores gestores autonómicos, justificó la acción en una apuesta porque sea la Agencia Tributaria Andaluza la que, por medios propios, asuma la recaudación ejecutiva. Sus explicaciones se produjeron en respuesta a una interpelación del diputado socialista Javier Carnero, quien mostró su "preocupación" por la gestión del Patronato de Recaudación de Málaga en los años que estuvo al frente el ahora consejero de Presidencia, Elías Bendodo. Carnero recordó que la misma fue objeto de una investigación judicial y de un informe de la Cámara de Cuentas en la que se pusieron en evidencia una serie de irregularidades.

Aunque el documento fue publicado en 2019, pone la lupa sobre la labor del Patronato en el ejercicio 2016, cuando Bendodo era presidente de la Diputación. De manera precisa, la Cámara concluyó que de los casi 123,6 millones de euros de cargos iniciales gestionados por el Patronato de Málaga referidos a la Junta quedaron pendientes de cobro algo más de 99 millones de euros. Esto es, el 80,34%.

Y de manera concreta apuntó que en el 53% de esos expedientes no había "ninguna actividad o la que se realiza periódicamente no tiene resultados positivos". Asimismo, indicó que en el 25% se procedió a la anotación preventiva de embargos, "pero no se llevan a cabo actuaciones encaminadas a la enajenación de los bienes embargados". "Esta situación de falta de actividad por parte de la zona contrasta con los expedientes en los que sí se ha comprobado que se han desarrollado actuaciones conducentes al cobro de los créditos tributarios (3%)", se añade en el documento, en el que se precisa que el 7% de las deudas que estaban pendientes de cobro a 31 de diciembre, fueron cobradas antes de finalizar los trabajos de campo.

La información desglosada confirmó que sólo fueron recaudados por vía ejecutiva 11.140.842 euros, el 9,01%. Se da la circunstancia de que de este montante, un 3% se correspondía con expedientes que el ente provincial había considerado "incobrables". Ante esta situación, la Administración regional volvió a emitir el cargo al entender "que sí se podían cobrar, tal y como a la postre ha sucedido".

Otro parámetro revelador hace referencia al cobro que fue dado de baja, con 13.156.308 euros (10,64%), correspondientes a 3.902 recibos. La mayoría, 1.427 (8.637.301 euros), por ser considerados fallidos. En este caso, la Cámara estimó que el periodo medio que transcurrió entre la fecha de emisión de la providencia de apremio y la declaración de crédito incobrable fue de 1.575 días.

Hubo 1.187 recibos más, por casi 920.000 euros, que fueron dados por prescritos. En este caso el periodo medio fue de 1.460 días, duplicando el plazo legal establecido. En dos expedientes la espera fue de más de 13 años. "Esta demora pone de manifiesto la falta de control y seguimiento por parte de la zona sobre los títulos ejecutivos que deberían recaudar", se sentencia en el informe. Una afirmación crítica que se mantiene al analizar las bajas por la anulación de la liquidación tributaria, que afectó a 1.012 recibos (2.825.700 euros). Sobre el particular, los técnicos detectaron "una falta de actividad de la zona en aquellas actuaciones que se deberían efectuar encaminadas a conseguir el cobro de la deuda tributaria". Fuentes que pertenecieron al Gobierno andaluz de la época analizada, confirmaron que la gestión que los patronatos de recaudación de las diferentes diputaciones, no sólo la de Málaga, era deficiente.