La Junta recurrirá la reválida de sexto de Primaria por "innecesaria"

"Innecesaria, inoportuna e impuesta". Éstos son los adjetivos con los que la Consejería andaluza de Educación califica la reválida de sexto de Primaria que incluye la Lomce, la ley educativa aprobada por el Gobierno central. Tal rechazo genera esta prueba en el Ejecutivo andaluz, que la titular de Educación, Adelaida de la Calle, anunció ayer que la Junta va a presentar un recurso contra la reválida; una medida a la que también se adhieren comunidades autónomas gobernadas por los socialistas como Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.

De la Calle indicó que la reválida "es un examen que no consideramos que sirva para hacer una evaluación adecuada para unos niños que tienen 12 años y necesitan un sistema de evaluación continua a lo largo de todo el ciclo de Primaria para poder tomar medidas". La consejera justificó el recurso contra la reválida porque "rompe completamente y de forma abrupta con la continuidad del proceso de evaluación".

La que fuera rectora de la Universidad de Málaga destacó que serían más de 90.000 alumnos de Primaria los que deberían hacer esta prueba y que se celebraría en más de 2.400 centros en toda Andalucía. De la Calle planteó los problemas que genera el desarrollo de este examen en algunos puntos de Andalucía, ya que "hay 600 poblaciones en las que solamente existe un centro de Primaria, lo que significa que se tiene que producir un desplazamiento de profesores de otras localidades para venir evaluar a estos niños". También criticó el coste económico que supondrá llevar a cabo esta prueba y aseguró que mientras el Ministerio de Educación ha calculado que el coste de desarrollar la reválida sería de 3,5 euros por niño, en Andalucía el gasto, según la Junta, se elevaría hasta los 7,5 euros. A su juicio, se trata de un "gasto que no es necesario en un tiempo en el que estamos sometidos a una serie de restricciones económicas" y anotó que se trataría de un desembolso "que no aporta ningún valor añadido". De la Calle también criticó los trámites administrativos que ha seguido el Ministerio de Educación para aprobar el Real Decreto que incluye la prueba de la reválida y denunció que "no se ha consultado ni a las instituciones, ni a los agentes sociales".