El Ejecutivo andaluz de PP y Ciudadanos ha dado este lunes un gran paso para lograr su objetivo por reducir la “maraña administrativa” y convertir a Andalucía en una “autovía para la inversión”. En la reunión semanal del Consejo de Gobierno se ha dado luz verde a un decreto ley de simplificación normativa que retocará hasta 21 leyes y seis decretos. La meta que se pone el equipo de Juanma Moreno, que ha revisado la redacción del proyecto, es que sea “fácil y no un suplicio” invertir en Andalucía.

Esto hará posible, según ha explicado el consejero de Economía, Rogelio Velasco, que el PIB per cápita andaluz crezca hasta en un 2,5% en cinco o diez años si Andalucía se acerca al marco regulatorio vigente en la UE. “Esto es mucho más importante que una autopista o un puente” ha defendido el economista para reflejar la relevancia que el Gobierno de Juanma Moreno otorga a este decreto, aunque Velasco ha reconocido que por su carácter técnico, esta norma no es “sexy”.

El portavoz de la Junta, Elías Bendodo, ha recordado que, en sus primeros meses como titular de Presidencia explicó que el Ejecutivo de coalición no tendría un plan normativo anual como sí había durante las distintas administraciones socialistas. “Es un antes y un después”, ha dicho Bendodo antes de lamentar que Andalucía encabece, con Cataluña, la creación legislativa a nivel estatal desde que comenzó a desarrollarse la economía.

“Esto no significa abogar por el Estado mínimo”, ha advertido Velasco, que defiende que el Estado “tiene que ser fuerte”, pero debe trabajar por “facilitarle la vida a las empresas”. La ramificación del decreto es tan amplia que, junto con Velasco y Bendodo han comparecido el vicepresidente Juan Marín, cuyas competencias en Turismo se verán muy afectadas por la norma; y los titulares de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo; Fomento, Infraestructuras y Vivienda, Marifrán Carazo; y Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo.

El decreto afecta a cuestiones de muy diversa índole, que van desde la declaración ambiental –cuya tramitación se reduce a tres meses– hasta la posibilidad de que los ayuntamientos concedan licencia de televisión municipal a una empresa privada. No obstante, los seis consejeros que han comparecido durante la comparecencia, en un despliegue inédito, han incidido en que esta simplificación no redundará en una legislación menos garantista.

Entre las iniciativas que se verán afectada también está el desarrollo de los planes generales de los municipios andaluces, la declaración de zonas de gran afluencia turística o la apertura de establecimientos en festivo hasta ser “la comunidad con el comercio más liberalizado de España”, como ha destacado Rogelio Velasco. Bajo el paraguas de su consejería estará la renovada Agencia de la Competencia y la Regulación Económica de Andalucía, que será el organismo que vele por el desarrollo de esta norma y compruebe que su vigencia se perpetua.