Andalucía se enfrenta a la historia. La revisión del modelo de financiación ha sido siempre un plato de pesada digestión. Y diez años lleva caducado. Nunca como ahora, sin embargo, provoca tanto empacho la negociación cuando las elecciones del 23-J han deparado un comistrajo que mezcla las necesidades de un Gobierno débil con una fórmula de maximalismos secesionistas. Al plato, que nadie lo quiere, le faltan dos elementos esenciales, la solidaridad y la falta de una respuesta común por parte de los dos partidos mayoritarios. Ante la negociación de un nuevo modelo de financiación, en el que Cataluña opta por un festín en el reparto, Andalucía vuelve a enfrentarse a la historia.

El año corriente puede ser decisivo. Es lo que pretende la Cataluña independentista si se consideran al pie de la letra las palabras de sus dirigentes. Lo anunció su presidente el pasado 26 de diciembre en el mensaje navideño justo después de pactar la investidura de Pedro Sánchez. El Gobierno debe asumir compromisos. Los enumeró en una ristra de afirmaciones Pere Aragonès durante el discurso de Navidad: libertad y amnistía, mencionó el presidente de la Generalitat. Nada dijo de un Estatuto de Autonomía ni falta que le hizo. La pretensión catalana de lograr un modelo de financiación que se asemeje un concierto fiscal a la vasca y navarra sobrepasaría la Constitución. La Transición habría muerto.

El lema que resonó en la España de hace medio siglo vuelve a escena por el impulso secesionista. Y vuelve a lo bruto. Libertad, amnistía ¿y Estatuto de Autonomía o Constitución federal? ¿O confederal? El grito fue hace más de cincuenta años. Eran otros tiempos, eran diferentes urgencias, aunque la Cataluña montaraz lo enuncie ahora con todas las implicaciones. Quedó registrado en el mensaje navideño de Aragonès. Los objetivos de 2024 son para el Gobierno catalán la aprobación de la ley de amnistía, "abordar el proceso de negociación por el que Cataluña pueda decidir libremente su futuro" y el acuerdo de "una financiación singular"; "una financiación excepcional", según los dirigentes de Junts. Un pacto fiscal a la carta. Es la revolución.

Los estudiosos en la materia ven poco viable que las concesiones al independentismo deriven efectivamente en una versión catalana del concierto vasco. Para José Luis de Villar, profesor asociado de Derecho Constitucional en la Universidad Pablo de Olavide, "cualquier cambio que se produzca en el modelo vigente debe contar con el consenso de todas las comunidades autónomas y, en todo, ha de garantizarse la financiación suficiente a cada una de ellas". La partitura es inequívoca pero falta la ejecución. Porque lo que perciben los expertos es un riesgo de que los acuerdos bilaterales, las comanditas que no sólo afectan a la comunidad autónoma en cuestión sino que tocan los derechos de todos, conduzcan a un sistema de privilegios de ciertas regiones en perjuicio de las demás y, naturalmente, a un progresivo debilitamiento del Estado, a desequilibrios añadidos a los que ya provoca el modelo en vigor.  

La paradoja del pacto fiscal

"El pacto fiscal supondría un privilegio para Cataluña y un perjuicio para el resto", resume Joaquín Aurioles, economista y profesor titular de Fundamentos de Análisis Económico. "Se daría además la paradoja, de hecho ya se da en los caso del País Vasco y Navarra, que las ventajas fiscales que habitualmente se establecen como discriminación positiva para las regiones más atrasadas se aplicarían a las más desarrolladas. Un pacto fiscal con Cataluña ahondaría en la incoherencia y el resultado sería provocar una mayor desigualdad territorial en uno de los países de la Unión Europea donde estas diferencias son más acusadas. Desde el punto de vista político, sería una medida de carácter regresivo, puesto que beneficia a los más ricos y perjudica a los más pobres. El problema", advierte Aurioles, "es que los mayores defensores de las asimetrías políticas son las regiones más ricas. Las comunidades más prósperas son las que demandan asimetrías políticas con el fin de debilitar el mecanismo de solidaridad que opera a través de las transferencias de renta".

La reconfiguración del Estado de las Autonomías hacia un Estado asimétrico, más asimétrico aún, va ganando empuje por las servidumbres de un Gobierno que depende de grupos parlamentarios con anhelos centrífugos. Es el resultado de los acuerdos en el Congreso del PSOE con el PNV, con Bildu, con Esquerra y con Junts, una caja de Pandora abierta sin decoro, de par en par: la cesión de las competencias ferroviarias de Cercanías, la reducción de la deuda autonómica, la adecuación de la inversión pública en función del PIB español, una agencia tributaria propia, una seguridad social propia... La ruptura indecorosa, en definitiva, de la caja única.

¿Cabe otro café para todos?

Frente a la petición de más competencias por parte de otras comunidades autónomas, ¿qué papel debe jugar Andalucía? "La Constitución permite que las competencias puedan ampliarse mediante la reforma de los estatutos de autonomía o mediante el uso del artículo 150.2 de la Constitución, que autoriza a que, a través de una ley orgánica, puedan transferirse a una comunidad autónoma incluso competencias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia. Sobre lo que sea o no susceptible de transferencia, la última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional", señala De Villar, para quien "Andalucía tiene toda la legitimidad constitucional para tener siempre el máximo techo competencial que exista en el conjunto de España". "Si por razones de pura coyuntura política los poderes de una comunidad autónoma son ampliadas, corresponde al Gobierno y al Parlamento andaluces plantear el derecho al mismo nivel competencial que se le reconozca a otra comunidad, pues al ser la nuestra una comunidad autónoma del primer nivel por la vía del artículo 151".

"Creo que Andalucía debe oponerse a cualquier forma de configuración asimétrica del Estado de las Autonomías porque básicamente significaría institucionalizar la desigualdad. El problema quizá no esté en el techo competencial, que admito que puede ser diferente, sino en la tutela, en mi opinión trasnochada, que pretende ejercer el Gobierno central sobre los autonómicos", opina Aurioles.

Considera De Villar que "la Constitución fue diseñada con una profunda asimetría, privilegiando a las que entonces eran conocidas como nacionalidades históricas: Cataluña, País Vasco y, de rebote, Galicia. El constituyente quiso resolver a toda prisa las cuestiones vasca y catalana que eran la emergencia política entonces. Eso lo quebró Andalucía el 4 de diciembre de 1977 y el 28 de febrero de 1980 y no fue porque pidiera café para todos, sino porque el pueblo andaluz exigió que Andalucía no fuera menos que nadie. Lo del café para todos es una invención que tuvo mucho éxito del centralismo español de siempre, que así pretendía descafeinar las reivindicaciones autonómicas más potentes. Andalucía cuenta ahora con instituciones propias que no tenía en aquellos años: son éstas, la Junta y el Parlamento de Andalucía, quienes deben liderar ahora a los andaluces para que no perdamos el estatus político y jurídico conquistado entonces".

Las aristas de la desigualdad

Para el historiador Carlos Arenas, autor de Lo andaluz. Historia de un hecho diferencial (El Paseo), el problema de la desigualdad que arrastra Andalucía está anclado a cuestiones más hondas. "La asimetría territorial en España existe desde mucho tiempo atrás; de hecho, España está históricamente rota en lo principal: en la distribución de la riqueza funcional, sectorial, social de los distintos territorios, y, como es sabido, Andalucía está a la cola. Más que administrativa, la diferencia de Andalucía con respecto a Cataluña, Navarra o La Rioja, por ejemplo, es la calidad de las instituciones económicas y sociales. Andalucía está relativamente más atrasada que estas regiones porque secularmente ha perdurado en ella un modelo económico donde lo extractivo y lo dependiente han sido compatibles, donde el poder de decisión ha estado en manos de los grandes intereses económicos foráneos y locales en detrimento del interés de la gran mayoría. ¿Se soluciona con más competencias? Antes habrá que abordar el problema principal que se deriva de quiénes y para quiénes se toman las decisiones políticas, no vaya a ser que las nuevas transferencias vengan a engrosar las oportunidades de negocio en el capitalismo de amiguetes".

El profesor Aurioles es de la opinión de que "Andalucía no debe aspirar a consolidad un sistema de solidaridad del que se beneficie permanentemente. El objetivo debe ser quebrar la capacidad de las regiones más prósperas para movilizar y atraer inversiones, de manera que pueda producirse una convergencia real en capacidad de producción", relativo a la generación de PIB, "y de productividad". "Una posible línea de trabajo", propone Aurioles, que debería ser lógicamente perfilada, sería que los impuestos que afectan a los bienes raíces queden en manos de las corporaciones locales, los que tienen mayor potencia redistributiva, como el IRPF o sociedades, en manos del Estado y los que afectan al consumo en las comunidades autónomas, porque también es el consumo la variable que se distribuye por el territorio de manera más equilibrada".

Más crítico se postula Arenas, quien piensa que "utilizar el agravio comparativo andaluz respecto a Cataluña es una perspectiva irrelevante si al mismo tiempo no aludimos al independentismo de facto que ejercen las oligarquías financieras residentes en Madrid, cuya repercusión sobre el atraso andaluz es más decisiva", afirma. "Que Cataluña, el País Vasco o Madrid hayan adquirido ventajas sobre otras regiones viene de lejos; dichas ventajas se derivan de su poder tradicional para capturar el Estado y sus decisiones". Para Arenas, "el carácter dependiente de la economía andaluza y el consentimiento de sus élites ha facilitado ese reparto desigual del poder en España; por tal motivo, las causas del agravio andaluz deben buscarse también dentro de la propia Andalucía".