Lozano y Aguilera piden la suspensión de su declaración y que se eleve la causa al Supremo "sin más excusas dilatorias"

La defensa de los ex directores generales de Presupuestos de la Junta Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera ha solicitado a la juez Mercedes Alaya que suspenda la declaración de ambos ex altos cargos, prevista para el próximo 12 de mayo, tal y como ha planteado la Fiscalía Anticorrupción, y ha pedido una vez más a la instructora que remita la causa de los ERE al Tribunal Supremo "sin más óbices ni excusas dilatorias".

El nuevo escrito se ha presentado después de que la juez Alaya se opusiera a la suspensión de las declaraciones de tres empresarios en un nuevo auto en el que, de manera indirecta, también rechazaba aplazar las declaraciones de Lozano y Aguilera, por cuanto la instructora reiteraba que la investigación del escándalo de los ERE fraudulentos finalizará "en breve plazo", un anuncio que Alaya ya ha realizado en varias ocasiones en los últimos meses sin llegar a materializarse.

Alaya destacó en ese auto la "importancia en el momento actual de mantener la continencia de la causa, sin perjuicio de lo que resulte una vez concluidas las diligencias que necesita esta instructora para dar por concluida la investigación, lo cual se estima en breve plazo", aseveraba.

Sin embargo, el abogado José María Mohedano, que representa a los dos ex altos cargos de la Junta, ha presentado un escrito en el que reclama la suspensión de las declaraciones y en el que recuerda que tanto la Fiscalía como esta misma defensa entienden "ya agotada la investigación en esta sede judicial en todo lo que es posible sin dirigir el procedimiento contra alguna de las personas que gozan de fuero, considerando procedente que a la mayor brevedad y sin más óbices ni excusas dilatorias se debe elevar el conocimiento de esta pieza al órgano superior competente atendiendo a la calidad del fuero de alguna de las personas reseñadas en el auto de 18 de diciembre de 2013", en el que Alaya volvió a preimputar a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Mohedano recuerda que el pasado 27 de febrero ya pidió a la juez, mediante un recurso de reforma y subsidiario de apelación, que se remitiera la totalidad de la causa al Tribunal Supremo por medio de una exposición razonada, pero reprocha que desde entonces han pasado "más de 60 días sin que el juzgado haya resuelto el citado recurso".

Por todo ello y al igual que la Fiscalía Anticorrupción, Mohedano ha solicitado a la juez que suspenda las declaraciones de Antonio Lozano y de Buenaventura Aguilera, en tanto no se resuelva expresamente su petición y, en caso de no ser estimada, se mantenga la suspensión durante la tramitación del recurso de apelación presentado por el fiscal y de otros tantos recursos pendientes de resolver sobre la misma cuestión relacionada con la petición del Ministerio Público de dividir la causa en piezas separadas y elevar la relacionada con el "procedimiento específico" para la concesión de las ayudas al Supremo.