Malaya, la herencia del GIL y el ladrillo

Encarna Maldonado

El caso Malaya es mucho más que 95 personas sentadas en un banquillo para ser juzgadas por corrupción. Es el juicio a una era en la que los negocios y la política se han retroalimentado y es también el juicio a la generación empresarial del pelotazo. El primer macroproceso en España por corrupción está sirviendo, además, para poner al descubierto la capacidad del sistema para investigar y juzgar causas de gran complejidad. En realidad todo es excepcional en Malaya.

El juicio comenzó el 27 de septiembre de 2010. La primera nota distintiva la marcó la propia Audiencia cuando aceptó que se pagaran las minutas de los abogados del que fuera asesor de urbanismo del GIL en Marbella y principal procesado, Juan Antonio Roca, y del exalcalde Julián Muñoz con cargo a los bienes intervenidos para afrontar las posibles indemnizaciones para Marbella que se fijen en sentencia.

A partir de ahí arrancó una vista oral marcada inicialmente por la unidad. Los abogados y administradores acusados por la Fiscalía Anticorrupción de planificar la maraña societaria bajo la que Roca dirigía desde la sombra sus negocios y presumiblemente blanqueaba fondos obtenidos al calor del urbanismo de Marbella desplegaron un discurso único: Roca era un empresario poderoso que ejecutaba inversiones legales que ni siquiera llamaron la atención de la administración tributaria. Si algunas de sus ganancias recalaron en Suiza, Liechtenstein o Singapur fue porque le interesaba fiscalmente, no porque estuviera poniendo a resguardo su patrimonio.

En esos días el exasesor de urbanismo, encarcelado desde que fue detenido en marzo de 2006, brillaba con luz propia en la sala de juicios. Procesados y abogados le trataban con reverencia. Incluso se aprestaban, en los recesos, a llevarle café con leche y cruasanes. Todos iban a una.

Este ambiente de unidad y estrategia compartida se mantuvo hasta el 17 de octubre de 2011. Ya había concluido la fase relacionada con el blanqueo de capitales y comenzaba la que debía analizar los sobornos. Aquel día Ismael Pérez Peña, un viejo amigo de Jesús Gil, ganadero y promotor afincado en Madrid, reconoció haber pagado 180.000 euros a Roca para que agilizara el pago de una deuda que tenía con él el Ayuntamiento de Marbella. Fue el primero de tres pactos con el fiscal y fue la primera explosión incontrolada en Malaya.

Pérez Peña validó la principal prueba de la Fiscalía Anticorrupción: la contabilidad secreta de Roca. Unos documentos hallados en la oficina de Maras Asesores que hasta entonces el exasesor de urbanismo no había reconocido ni siquiera como propios.

Por primera vez mostró leves signos de abatimiento, aunque reaccionó pronto. El 7 de noviembre apareció un nuevo Juan Antonio Roca. Aquel día volvía a responder las preguntas del fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero y, para sorpresa general, admitió que había pagado sobornos a los concejales del último gobierno del GIL en Marbella y que, efectivamente, los papeles de Maras Asesores eran la contabilidad en la que anotaba los pagos a los ediles, identificados con siglas, y los fondos que recibía de los promotores, también reseñados con iniciales. En palabras de algunos abogados, le "regaló el pleito al fiscal".

No obstante, se esforzó en aclarar que las cantidades aportadas por los promotores no respondían a sobornos sino a negocios conjuntos o a labores de asesoramiento que había realizado por las que les había cobrado sumas millonarias.

Esos empresarios a los que aludía resumen la esencia del desarrollismo inmobiliario andaluz de la década de 2000. Son, entre otros, Jesús Ruiz Casado, Tomás Olivo, Rafael Gómez Sandokán, José Ávila Rojas, José María González de Caldas, Manuel Lores o Fidel San Román, hombres de negocios que hicieron grandes operaciones al amparo de la incertidumbre urbanística que creó el GIL en Marbella.

Desde el día que Roca dio valor a los papeles de Maras no hay paz en el banquillo. Cada acusado se centra en su propia estrategia y a nadie parece importarle ya si a Roca le perjudica o favorece.

Los pactos alcanzados por la Fiscalía Anticorrupción con los empresarios Eusebio Sierra, Carmelo Armenta y sobre todo con Ismael Pérez Peña, que supuso una multa de 222.000 euros frente a una petición inicial de 10 años de cárcel y 608.000 euros, subrayan el interés del Ministerio Público de reforzar su material probatorio y, en consecuencia, refleja las dificultades que entraña la investigación de asuntos en los que conviven la política, el urbanismo y los negocios, sobre todo cuando afecta a tantos acusados.

De hecho, el tribunal que preside el magistrado José Godino se ha visto en la tesitura de tener que innovar y, de alguna manera, crear sobre la marcha nuevas formas de gobernanza. Para evitar maniobras dilatorias y suspensiones imprevistas ha dado manga ancha a los abogados que desde hace más de un año proponen nuevas pruebas, convirtiendo el juicio prácticamente en una nueva instrucción. La ventaja de esta decisión reside en que Malaya es posible "y eso en sí ya es un éxito", como aseguran fuentes judiciales. En contrapartida el tribunal se ha llevado más de un sobresalto aceptando pruebas de intencionalidad discutible que después ha tenido que considerar nulas.

Las previsiones más optimistas indican que el juicio podrá concluir el próximo verano. Lo que resultará más difícil es que la sentencia esté dictada antes de que concluya 2012.