El Ayuntamiento de Marbella salva los muebles de momento. El municipio ha frenado las aspiraciones de 20 promotores inmobiliarios que habían acudido a los juzgados para exigir compensaciones por importe superior a 100 millones derivadas de convenios firmados por los alcaldes del GIL que nunca se llegaron a ejecutar. Los servicios jurídicos han ganado 19 pleitos, han perdido cinco y en otras dos causas sus pretensiones sólo han sido atendidas de forma parcial. En resumen, de los aproximadamente 110 millones que reclamaban los empresarios, los diferentes juzgados de lo contencioso administrativo de Málaga han estimado indemnizaciones por valor de 5,4 millones de euros, más las cuantías que todavía están pendientes de fijar en dos procedimientos.

Los convenios urbanísticos proceden todos de la época del GIL. Los hay incluso rubricados poco después de que el fallecido Jesús Gil y Gil aterrizara en la alcaldía de Marbella. Tienen un denominador común: un acuerdo entre el Ayuntamiento y el promotor que permitía construir en suelo no urbanizable o aumentar la edificabilidad de una parcela junto con una contraprestación económica para las arcas municipales.

Los acuerdos contemplaban que un futuro plan general de ordenación urbana (PGOU) asumiría esos cambios en el planeamiento. Sin embargo, eso nunca sucedió. El gilismo acabó abruptamente en 2006 cuando la Policía irrumpió en el Ayuntamiento, detuvo a la última alcaldesa de aquella saga, Marisol Yagüe, y a su equipo de gobierno. Era el caso Malaya, que ha concluido con 48 condenas por corrupción político urbanística.

El PGOU de 2010, aprobado durante el gobierno de la popular Ángeles Muñoz, aunque anulado por el Tribunal Supremo en noviembre del año pasado, dejó fuera los compromisos urbanísticos contraídos por el GIL en los convenios, lo que provocó el aluvión de recursos contencioso administrativos para exigir la devolución del dinero aportado por los promotores, así como daños, perjuicios e intereses.

La mayor parte de las sentencias no atienden las reclamaciones. El magistrado Óscar Pérez, que fue el último juez instructor del caso Malaya y en la actualidad es titular del Juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Málaga, ha firmado dos sentencias en las que sostiene que no existe margen legal para que un PGOU se adapte a un convenio urbanístico previo. "La Administración no puede conveniar sobre una futura norma porque ello supondría que por la vía de un acuerdo privado se condicionaría el ejercicio de una potestad que solo es pública". "El planeamiento futuro no es disponible y está fuera del comercio de los hombres", argumenta.

La magistrada Francisca Valverde, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Málaga ha dictado una sentencia en contra de los promotores y otra a favor. En el último caso, la empresa entregó al Ayuntamiento 88,5 millones de pesetas (531.895 euros) en 1995 en virtud de dos convenios a través de los que se hacían con suelos no urbanizables de titularidad municipal procedentes de aprovechamientos urbanísticos. La sentencia obliga a devolver los 531.895 euros pagados más los intereses, pero no la indemnización que reclamaba la promotora, Iniciativas y Proyectos, vinculada al grupo Prasa.

Un caso llamativo es el del empresario Massimo Filippa, con condena firme de tres años y tres meses por cohecho y blanqueo de capitales en el caso Malaya. Filippa exigió judicialmente al Ayuntamiento 661.113 euros. El juez no admitió su recurso.

La mayor parte de las sentencias favorables para Marbella se dictaron durante el Gobierno de la popular Ángeles Muñoz, si bien las tres últimas se han notificado ya con el socialista José Bernal en la alcaldía. Casi todas han sido recurridas.