El ex consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta Martín Soler Márquez se ha acogido este martes a su derecho constitucional a no declarar ante la juez Mercedes Alaya, que le ha imputado en el escándalo de los ERE, y al término de su comparecencia ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de las acusaciones personadas en el proceso ha pedido que se le imponga ninguna medida cautelar.

Martín Soler es el octavo ex consejero de la Junta imputado en la causa –Alaya le atribuye delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos-, dentro de una macrocausa con 183 imputados, de los cuales 32 son altos o ex altos cargos de la administración autonómica.

En el auto de imputación de Martín Soler, la instructora explicaba que con esta imputación se cierra el "capítulo relativo al papel" desempeñado por la agencia IDEA y por consiguiente de la consejería de Innovación a la que estaba adscrita desde el 2004, "como compañero perfecto de la Consejería de Empleo en el proceso no sólo de materialización y ejecución, sino de concesión de las subvenciones a empresas del programa 31L", conocido como el fondo de reptiles.

La juez añadía que el informe definitivo de cumplimiento relativo al ejercicio 2008 y realizado a Idea por la Intervención General de la Junta, volvía a poner de manifiesto y concluía que el procedimiento administrativo utilizado por la Consejería de Empleo, las transferencias de financiación, no se consideraba adecuado para financiar el gasto público realizado. Este informe, prosiguió Alaya, sería recibido el 4 de noviembre de 2009 por el entonces consejero de Innovación, Martín Soler Márquez, que ostentó el cargo entre abril de 2009 y marzo de 2010.

La instructora aseveraba igualmente que a pesar de las conclusiones de este informe, la Agencia IDEA "seguiría abonando las subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo", por lo que Alaya acuerda imputar a este ex consejero.

Aunque la Fiscalía Anticorrupción no ha pedido medida cautelar alguna para el ex consejero, sí que lo ha hecho en el caso de otros imputados que han comparecido esta mañana. Así, el Ministerio Público ha solicitado una fianza civil de 3,6 millones de euros para el actual director de la agencia Idea, Antonio Valverde, quien al igual que muchos altos cargos se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar. La acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía, por su parte, no ha pedido ninguna fianza civil para el alto cargo.

El Ministerio Público también ha solicitado otros 4.420.000 euros de fianza para Antonio Lara Revilla, ex director gerente de Idea, quien tampoco ha prestado declaración, si bien su abogado, Adolfo Cuéllar ha alegado que, como director gerente, no tenía competencia alguna para adoptar decisiones de ningún tipo en relación con los hechos que investiga Alaya y que durante el tiempo que estuvo en el cargo, hasta enero de 2003, no hubo ningún déficit en las cuentas de la agencia Idea.

Ante la juez también ha comparecido esta mañana el ex viceconsejero de Innovación Gonzalo Suárez Martín, a quien tampoco se ha pedido medida cautelar alguna por parte de las acusaciones.