Ex trabajadores de Minas de Río Tinto denuncian a la juez Alaya que la Junta ha paralizado el pago de sus rentas

Un grupo de 22 ex trabajadores de Minas de Río Tinto se ha concentrado en la mañana de este martes en los juzgados de Sevilla, donde ha presentado en el registro general un escrito dirigido a la juez Mercedes Alaya, a la que denuncian que la Junta les ha paralizado el pago de los complementos de sus pensiones, en una póliza de la compañía Generali suscrita como tomador por la Federación Estatal de Industrias Afines del sindicato UGT.

Los antiguos trabajadores de esta empresa minera se han manifestado a las puertas de los juzgados, portando camisetas con la leyenda "somos víctimas de los ERE" y defendiendo que "no son intrusos", al tiempo que muestran pancartas en las que denuncian que “la Junta de Andalucía y UGT quieren quitar póliza vitalicias".

De los 22 trabajadores afectados, cuatro de ellos no perciben el complemento de sus pensiones desde hace 15 meses y el resto desde octubre pasado, lo que representan un recorte de entre 300 y 600 euros mensuales para unas personas que actualmente tienen entre 53 y 74 años, han explicado los propios pensionistas, que han insistido en que la responsabilidad "debe exigirse" al tomador del seguro, en este caso el sindicato UGT. Los ex trabajadores aseguran que han recibido cartas de la Junta amenazándoles con embargarles las cantidades percibidas –entre 54.000 y 62.000 euros, según los casos-, aunque ese embargo está paralizado "verbalmente" hasta que los servicios jurídicos de la Junta informen sobre esta situación.

En el escrito remitido a la juez Alaya, han defendido que no conocían el origen de estos complementos. "A nosotros jamás se nos dijo de dónde venía este dinero, porque dejamos nuestra indemnización como el resto de mineros para la apertura de las pólizas", sostiene la misiva.

Los ex trabajadores reclaman que no son prejubilados y que lo que cobran es un complemento de su incapacidad permanente total (IPT). "Pedimos que salgan los ratones destructivos de sus ratoneras y den la cara, que sean valientes y tengan lo que hay que tener para asumir su responsabilidad, igual que lo fueron para llevar a la ruina a tantas personas inocentes después de estos años", añaden.

Los manifestantes critican que el sindicato haya manifestado que la responsabilidad es de la Junta porque UGT es "tomador impropio, que actuó para evitar la desprotección, pero que no tienen ninguna responsabilidad ni obligación económica".

En cambio, los ex trabajadores creen que "fueron instrumentos para hacer y deshacer con sus afiliados, sin preocuparse del daño que podrían causarles en un futuro. Pagamos un sindicato para que nos asesore, nos defienda y haga las cosas, legales no para arruinar nuestras vidas", concluye el escrito dirigido a la juez Mercedes Alaya.