La consejera andaluza de Salud en funciones, María Jesús Montero, ha dicho que la medida planteada por el Gobierno para que los pensionistas paguen el 10 por ciento de los fármacos es "una medida ideológica que quiere abrir la puerta para que, progresivamente, el copago entre en el Sistema Nacional de Salud". En declaraciones a los medios previas al Consejo Interterritorial de Salud, Montero ha considerado que la medida se ha presentado con "nocturnidad y alevosía" puesto que se ha planteado por la noche, a partir de las declaraciones efectuadas desde el entorno del Gobierno, dificultando así la evaluación que puedan hacer las comunidades.

Montoro ha criticado que la medida haga pasar "la factura de la crisis" a los pensionistas y a los trabajadores con nómina, en definitiva, a las rentas de trabajo que tienen más dificultades de llegar el fin de mes y "a los colectivos más vulnerables". La responsable de Sanidad de Andalucía ha alertado de que esta medida puede provocar, además, un "desapego" de los ciudadanos a sus tratamientos, que dejarían de adquirir en sus oficinas de farmacia, agravando con ello su estado de salud. Ha asegurado que la iniciativa anunciada no superaría los 1.000 millones y, a la larga, tendría más coste que ventajas económicas.

Montero ha reiterado que "no es de justicia" que en este momento de dificultad económica se puedan plantear medidas como esta a las personas con menos recursos mientras que "los grandes capitales siguen estando al margen y siguen sin abonar la parte que permitiría reequilibrar las rentas". La consejera andaluza ha asegurado que hay mecanismos alternativos, además de otro tipo de medidas, que de aplicarse en el conjunto de España producirían un ahorro cercano a los 10.000 millones de euros. Ha informado de que el impacto económico que produciría la medida no es "ni de lejos" el que se calcula por parte del Gobierno de España y ha reiterado que una primera aproximación "arroja una cifra que no supera los 1.000 millones de euros para el conjunto de España en contraste con los 3.000 planteados por el Ejecutivo". Ha apostado por que todas las autonomías de "forma rigurosa y serena" puedan discutir cuáles son los ámbitos de eficiencia.

También ha recordado que la contribución de los ciudadanos al pago de medicamentos se ha mantenido "inalterable" desde que comenzó el Sistema Nacional de Salud y "nunca una comunidad ha modificado la contribución ya que ello forma parte de la ley básica". "Nunca -ha insistido- en la historia del Sistema Nacional de Salud se ha planteado una medida de este tipo y nunca antes una autonomía ha tenido margen para modular las aportaciones del Gobierno de España en su legítima autoridad puede desarrollar planteando que sean las personas quienes contribuyan".