El ex consejero de Hacienda del Gobierno andaluz en la década de los 80, Ángel Ojeda envió ayer dos mensajes. Uno para defenderse: "Soy un ciudadano casi ejemplar". Otro para atacar: "La Junta debe pagar lo que debe". Su paso por la comisión parlamentaria que analiza las irregularidades en la concesión de ayudas a la formación por parte de la Administración andaluza desde 2002 venía precedida de grandes expectativas por ser uno de los principales investigados en la vía judicial al ser beneficiario, a través de su grupo de empresas, de más de 50 millones de euros destinados a la formación, de los que 33 fueron otorgados para dar cursos a 1.904 trabajadores de Delphi.

Para Ojeda esta cantidad es como una gota en el mar, ya que desde los 90 ha trabajado para 17.000 empresas privadas y 50 entidades públicas. Además, mientras que la Junta le concedió menos del 1% del total de la cantidad subvencionada, el Gobierno central le dio el 18% del dinero total destinado a cursos con certificado de profesionalidad en 2013, por ejemplo. Además, Ojeda insistió en que sus empresas han impartido cursos en todas las comunidades autónomas. "En qué cabeza humana cabe que yo espere 20 años para aprovecharme", indicó Ojeda en relación al tiempo que separa su salida del Gobierno andaluz y la concesión de las ayudas. "Además, Ojeda sólo reconoció algunas "irregularidades administrativas" en los expedientes investigados, pero negó cualquier tipo de fraude.

Con estos antecedentes, el ex consejero apuntó a que existe una "coincidencia" entre el alrededor de 200 detenciones efectuadas por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en las operaciones EDU Costa y EDU Centro -vinculadas con los cursos de formación- con las pasadas elecciones autonómicas en Andalucía. Sobre este hecho, defendió que su detención debe estar motivada por temas políticos. "Siempre he sido legal. Nunca, nunca había tenido problemas con la Policía ni con la Justicia. Creo que he sido un ciudadano normal, diríamos, en cierta manera, que casi ejemplar", afirmó.

Además, se quejó de que teniendo en cuenta este modélico comportamiento, fuera tratado por la policía tras su detención "como si de un terrorista o un narcotraficante se tratase" y denunció que durante los últimos 18 meses ha sido víctima de una campaña de "difamación brutal". Ojeda hizo extensiva esta acusación a los diputados del PP en la comisión y, sobre todo, a Teresa Ruiz-Sillero, a quien se negó a contestar. El PP lamentó "la actitud chulesca" del ex consejero.

Pero Ojeda fue más allá de limitarse a defender su inocencia y denunció a la Junta por no pagarle desde 2008. Reveló que ya ha interpuesto al Gobierno andaluz 61 contenciosos-administrativos en este sentido y que la justicia le está dando "la razón condenando a la Junta a la liquidación, las costas y los intereses de demora".

La diputada de IU Elena Cortés se interesó por cuánto dinero público destinado a la formación por parte de la Junta se quedó el grupo de empresas beneficiario. "No nos hemos quedado con ningún dinero de lo que se le pagaba a la docencia. Todo el dinero se ha pagado a costo, sin ningún tipo de sobrecosto", dijo Ojeda.

Por su parte, Federico Fresneda, ex tesorero de UGT-A e imputado en la trama de las facturas falsas del sindicato que investiga el juzgado de instrucción número 9 de Sevilla, se acogió a su derecho constitucional de no declarar.