Este periódico publicó ayer que el Parlamento aprobó un acuerdo secreto que incrementó los salarios de los diputados en 2013, en plena oleada de recortes. Como respuesta, el Parlamento difundió ayer una "nota aclaratoria" en Facebook, y remitida a este diario, en la que negaba tanto la ocultación como que el hecho de que, al asumir las cotizaciones sociales de los diputados, los diputados viesen incrementadas sus retribuciones. Según el Parlamento, la Mesa de la Cámara acordó "únicamente modificar la fórmula para abonar sus cotizaciones" a la Seguridad Social.

Con respecto a la ocultación, el acuerdo fue tomado por los tres grupos en la Mesa, cuyas reuniones no son públicas, de cuyos acuerdos no se da traslado y cuyas actas son secretas, ya que el criterio de los letrados de la Cámara es que no deben ser públicas. Este periódico ha solicitado de manera motivada y reiterada -en un centenar de ocasiones- el acceso a las actas de la Mesa del Parlamento tras la publicación en mayo de 2013 de la frustrada subida de las dietas a cuatro parlamentarios, incluido el presidente, Manuel Gracia, al entender que el Reglamento de la Cámara no dice que la Mesa tenga carácter reservado ni sus deliberaciones sean secretas. Pero siempre ha obtenido la callada por respuesta.

El hecho de dejar de pagar las cotizaciones de los diputados, probablemente,  no perseguía el aumento de las retribuciones individuales, pero sí fue la consecuencia, en un momento de recortes a otros colectivos. Nadie levantó la voz, ni pidió una rectificación que llegaría 14 nóminas más tarde, sin que se haya explicado el porqué de la marcha atrás. La mayoría de los diputados consultados atribuyen la idea a los letrados de la Cámara. Los grupos políticos, en privado, afirman que sólo rubricaron una propuesta que les igualaría con los diputados nacionales y los de otros parlamentos, aunque sólo se conoce el caso de la Asamblea de Madrid. 

El Parlamento niega que esa subida se produjo, lo que esta redacción cree demostrar con la publicación de las declaraciones de IRPF y las nóminas de beneficiarios de la medida. Parece lógico que, si la institución se hizo cargo de las cotizaciones sociales y dejó de detraérselas a los diputados, cobrasen más. Sólo así se explica que cuando la Cámara dio marcha atrás, cobrasen menos (detraído no del sueldo base, sino de los complementos) y así se recoge en una deducción de 86 euros al mes [ver el gráfico de la nómina] que abonaron durante 2014 para corregir lo que no cotizaron en los cuatro primeros meses de ese año.

Algunos diputados sostienen que quisieron devolver lo no detraído en 2013, pero se les adujeron "problemas técnicos". En esos ajustes técnicos trató ayer de explicar el Parlamento este cambio como una "fórmula para abonar las cotizaciones" y negó que supusiera un incremento retributivo de los diputados. Afirma en la nota: "En el sistema actual, el diputado paga parte de su Seguridad Social y la deduce como gasto de los rendimientos de trabajo personal en su declaración de IRPF, por lo que fiscalmente resulta neutra, y en realidad supone que no asume por tal concepto gasto alguno; mientras que, en el sistema de pago por el Parlamento de dicha Seguridad Social, el diputado no pudo deducírsela como gasto y la consecuencia le pudo resultar incluso perjudicial al incrementar su renta como retribución en especie, el tipo medio de gravamen al que resulta gravada toda su renta como consecuencia del carácter progresivo del IRPF y, por tanto, la cuota a pagar". No hubo más explicación argumentada a este "acuerdo técnico" entre los tres grupos políticos.

Aunque la nota divulgada por el Parlamento a través de Facebook asevera que no se trasladó de manera ajustada la versión de la Cámara en la información publicada ayer por este periódico, sí que se recogió en ella la opinión de la parte aludida de que el acuerdo es legal, de que la decisión se adoptó porque los diputados no son propiamente trabajadores por cuenta ajena y no gozan de sus derechos por desempleo o incapacidad temporal, tomando como referencia la regulación y práctica seguida en las Cortes Generales, y de que se dio marcha atrás "simplemente por clarificación, ante una posible mala interpretación de la decisión, volviéndose a lo que había sido práctica en este Parlamento".