El Pleno del Parlamento acordará en la sesión que celebrará el miércoles y el jueves de esta semana la creación de una comisión de investigación sobre el asunto de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), a petición de los tres grupos parlamentarios, según se recoge en el orden del día aprobado por la Junta de Portavoces. Sobre esa comisión, no obstante, planea la incertidumbre sobre los comparecientes. Ese será el primer -y fundamental- escollo que deberá salvar dicho órgano parlamentario, toda vez que socialistas y populares discrepan abiertamente. El grupo de la oposición quiere que el abanico de las comparecencias sea lo más amplio posible, y que en él se incluya, porque lo consideran clave, al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que en el caso de acudir a la comisión lo haría en calidad ex consejero de Economía.

En este punto, la pelota está en el tejado del socio de gobierno de los socialistas, Izquierda Unida, que se debate entre no hacer una criba de nombres y apellidos o no permitir una "cacería". Esta última expresión es del vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, apuntando así a lo que considera las pretensiones del PP de ir a por el adversario político sea el que sea y cueste lo que cueste. De la otra parte, se han oído voces en el seno de IU discrepantes con la intención socialista, dada a conocer por su número dos y consejera de la Presidencia, Susana Díaz, de impedir que Griñán, o también la actual titular de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, se sienten ante la comisión que quiere esclarecer en sede parlamentaria los entresijos de los ERE.

Esta es la primera comisión de investigación que se crea en el Parlamento desde hace 17 años, ya que la última fue la relativa a la condonación de créditos al PSOE por parte de la antigua Caja de Ahorros de Jerez. Como se recordará, el PSOE-A, con mayoría absoluta en el Parlamento en la anterior legislatura, se cerró en banda y llegó a rechazar hasta en diez ocasiones las peticiones de PP-A e IU-CA para la creación de una comisión de investigación sobre los ERE.

Sin embargo, el grupo socialista -ahora en esta legislatura sin mayoría absoluta y obligado a pactar con IU- no encuentra problemas para que se constituya en este momento la comisión de investigación porque ya ha pasado el periodo electoral y no se puede utilizar con fines electoralistas, como pretendía, a juicio de los socialistas, el Partido Popular.

Las iniciativas de petición de creación de la comisión de investigación de PSOE-A e IU-CA, socios en la Junta, coinciden en el enunciado: sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por ERE y empresas en crisis otorgadas por la administración de la Junta durante el periodo comprendido entre los ejercicios 2001 y 2010.

En cuanto a la del PP-A, plantea la creación de una comisión de investigación sobre "ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y a empresas en crisis concedidas por la administración de la Junta con cargo al programa presupuestario Administración de la las Relaciones Laborales entre los ejercicios 2000 y 2010".