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Andalucía

El Parlamento andaluz propone multas de 60.000 euros a quien no declare en comisiones de investigación

  • La presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, incluye por primera vez sanciones a ciudadanos y asegura que cuenta con el aval de los servicios jurídicos

Elías Bendodo,  Juanma Moreno, Juan Bravo, Marta Bosquet, Juan Marín y Sergio Romero.

Elías Bendodo, Juanma Moreno, Juan Bravo, Marta Bosquet, Juan Marín y Sergio Romero. / José Manuel Vidal / Efe

La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, ha elaborado una reforma del reglamento de la Cámara que incluye la posibilidad de que el legislativo multe con 60.000 euros a los comparecientes que no declaren ante las comisiones de investigación. La iniciativa es pionera, ya que el Parlamento andaluz no contempla en su normativa actual sanciones económicas a ciudadanos y, según ha defendido la propia Bosquet, tampoco lo hace ninguna otra asamblea regional. 

Esta modificación del artículo 52 del reglamento de la Cámara sirve para ejecutar una aspiración que la jefa de la Cámara ya había adelantado y que también apoyaron en su momento los partidos que sostienen al Gobierno andaluz, PP y Ciudadanos. Se trata de una respuesta a un fenómeno que se ha producido en la comisión de investigación sobre la gestión de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que está actualmente en funcionamiento en el Parlamento.

Las comparecencias de esta comisión, que se aprobó en los primeros compases de la legislatura como un compromiso electoral de populares y naranjas, comenzaron en noviembre de 2019, justo antes de las elecciones generales de aquel otoño. Fue el ex presidente de la Junta Manuel Chaves quien inauguró esas declaraciones y lo hizo criticando su citación pocos días antes de unos comicios y que se rompiera "arbitrariamente la neutralidad política" del Parlamento. Chaves abandonó la sala después de un tenso choque con el presidente de la comisión, Enrique Moreno, de Ciudadanos, e inauguró una práctica seguida por otros comparecientes, ex altos cargos socialistas, que aludieron al "electoralismo" de la citación, pero también al derecho a no declarar contra sí mismos, sobre todo si estaban implicados en procesos judiciales, como ocurría con algunos de ellos. 

Esta práctica soliviantó a PP y Ciudadanos, que se habían mostrado partidarios de cambiar el funcionamiento de las comisiones. José Antonio Nieto, portavoz del PP, lleva desde entonces reclamando una revisión de estas inversiones parlamentarias, pero este miércoles ha reconocido que no sabe si "hay margen" para las multas propuestas por Bosquet. "Tiene que estar apoyado en alguna norma que habilite al Parlamento a imponer ese tipo de sanciones", ha insistido, aunque Nieto es partidario de "dotar de herramientas" a las comisiones para que los comparecientes "respeten a la Cámara". Bosquet, en la presentación de su propuesta y cuestionada por el encaje normativo de su propuesta de sanciones, ha asegurado que la idea cuenta con el aval de los servicios jurídicos del Parlamento.

La normativa vigente establece que quien deje de acudir a una comisión de investigación, estando apercibido, puede suponer un delito de desobediencia, endurecido si el compareciente en cuestión es funcionario o autoridad pública. La propuesta de Bosquet también recoge el derecho del declarante a no hablar en su contra ni a confesarse responsable de un delito, que es el argumento utilizado por muchos de los comparecientes que eludieron contestar a preguntas en la citada comisión de la Faffe. El órgano responsable de imponer la sanción será, según el texto, la Mesa del Parlamento, a pesar de que la presidenta de la Cámara ha defendido que el órgano que rige el funcionamiento del legislativo es "técnico y no político". 

Otros detalles de la propuesta de reglamento de la Cámara 

El texto presentado por Bosquet a los medios este miércoles se trata de una propuesta abierta a los grupos, que deberán plantear las matizaciones que consideren oportunas y que, según la política almeriense podría aprobarse, una vez que se registre, "en dos o tres meses". Se trata, ha dicho la dirigente de Ciudadanos, de un texto "aséptico" que busca adecuar las normas de funcionamiento e la Cámara a los avances de los últimos años y acabar con incongruencias con otras normas, como el propio Estatuto de Autonomía. 

En este punto destaca el artículo dedicado a la elección del presidente de la Junta, que se acompasa con la ley fundamental autonómica y recoge que, si no hay un candidato con mayoría absoluta a los dos meses de la conformación del Parlamento, se vuelven a convocar elecciones autonómicas. El texto recoge una reducción generalizada de los tiempos de palabra, tanto del Gobierno como de los partidos, para agilizar el trabajo en la Cámara y contempla la posibilidad de convocar la Diputación Permanente cuando se den circunstancias excepcionales. Este matiz viene a solucionar un problema que se encontraron en el Parlamento cuando llegó la pandemia y que provocó la denuncia del PSOE y Adelante Andalucía (hoy Unidas Podemos) por esta práctica y su encaje constitucional, ya que la Diputación Permanente, con el texto actual, sólo puede activarse en periodos inhábiles (enero y agosto) y cuando se disuelve la Cámara. 

La propuesta también retoca los citados periodos sin actividad parlamentaria y lo reducen en enero para ampliarlo en julio, por lo que el tiempo inhábil se mantiene, aunque se redistribuye. Bosquet también intenta limitar el papel que tienen los partidos que sostienen al Gobierno para evitar el exceso de autobombo en los momentos de actividad parlamentaria que están pensados para el control del Ejecutivo. Para ello, reduce a 8 el máximo de preguntas que pueden hacer los grupos que apoyan al Ejecutivo del total de 24 que se registran en cada Pleno. Bosquet, cuestionada a este respecto, ha defendido que ella habría incidido más en esta reducción, pero no lo ha hecho buscando el consenso. 

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