Alrededor de 25.000 viviendas actualmente calificadas ilegales serán regularizadas, según datos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, gracias a la modificación de la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Esta cifra supone en torno a un 9% de las construcciones levantadas en zonas restringidas, ya que al menos 300.000 viviendas están en esta situación dispersas por toda la geografía andaluza, aunque con focos importantes en zonas de Cádiz, Málaga o Almería. 

Esta reforma modifica tres artículos de la LOUA y beneficia a las edificaciones residenciales aisladas construidas en suelo no urbanizable. El debate de esta iniciativa, respaldada por el Gobierno socialista al final de la pasada legislatura, se ha extendido durante un año. Finalmente, fue aprobada ayer gracias al apoyo de Ciudadanos (C's) y PP. Podemos e IU optaron por abstenerse. 

Las viviendas beneficiadas por la modificación de la ley podrán regularizar su situación si cumplen tres condiciones: tener al menos seis años de antigüedad, no estar situadas en zonas inundables o de especial protección y no estar afectadas por expedientes administrativos. Una vez regularizadas, los propietarios podrán inscribir los inmuebles en los registros de la propiedad y acceder a los servicios de luz y agua de forma normalizada. 

Los propietarios deberán adoptar de forma urgente medidas correctoras para eliminar los posibles impactos paisajísticos o ambientales, especialmente sobre los recursos hídricos, provocados por la edificación. La regularización de las viviendas construidas en parcelas que tengan la condición de asentamientos se realizará con su incorporación al planeamiento urbanístico. 

Los ayuntamientos están ahora obligados a iniciar en un plazo de dos años la redacción del avance del planeamiento para incorporar a las nuevas viviendas que se hayan regularizado.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, aseguró que gracias a la "una buena noticia" de la aprobación de la ley "muchos andaluces van a respirar aliviados al saber que van a tener certidumbre en sus viviendas, que era de lo que se trataba esta iniciativa". Díaz recordó que la modificación de la LOUA es "un compromiso" que adoptó en la pasada legislatura y que no pudo sacar adelante al concluir antes de tiempo.

Los diputados populares votaron a favor, pero no sin antes mostrar su descontento con la poca ambición de la modificación legislativa. Tampoco ayudó que la Cámara rechazara todas las enmiendas de PP y Podemos que habían llegado al debate final.

La diputada popular Patricia Navarro lamentó que sólo se aceptaran cuatro de las casi 20 enmiendas que su partido había presentado a la iniciativa, lo que ha provocado que la ley siga "a años luz de lo que necesita Andalucía". Además, Navarro calificó la nueva normativa de "chapuza" y "cobarde porque no supone un punto y final del problema". El PP insistió en solidarizarse con las familias que habitan en las 275.000 viviendas que la nueva ley sigue "ignorando".

C's, por su parte, mostró su conformidad con la modificación, pero alertó a la Junta y al PSOE si no sería mejor redactar una nueva ley en vez de "poner parches" a la ya existente. 

Podemos justificó su abstención en que la iniciativa sólo soluciona el problema de 25.000 familias, lo que crea "desigualdades". La formación morada, además, alertó de que la falta de acción del Gobierno andaluz está provocando que "las construcciones ilegales se expandan como si fuera un cáncer, creando importantes conflictos sociales, medio ambientales, económicos, administrativos y hasta penales". 

IU no quiso apoyar la medida porque cree que es fruto de un "atraco electoral" de la presidenta de la Junta, que la anunció sólo para tomar ventaja en las pasadas elecciones andaluzas.