La Fiscalía solicita 8 años de prisión para Miguel Osuna y 10 años para Manuel Rodríguez de Castro, ambos ex delegados de la Zona Franca de Cádiz nombrados por Gobiernos del PP. El escrito de calificación provisional del fiscal considera que esos dos procesados cometieron un delito de malversación de caudales públicos relacionado con la puesta en marcha de un portal informático, denominado Rilco, destinado a servir de puente comercial entre países de ambos lados del Atlántico. El juez terminó la instrucción del caso Rilco en el verano de 2010. El PSOE, que está personado en la causa como acusación popular, presentó su calificación a principios del año pasado. Ahora llega la del fiscal y después vendrá el juicio.

Que el fiscal acuse a Rodríguez de Castro de malversación no sorprenderá a nadie. También lo acusa de otros delitos, de ahí los 10 años. El auto judicial que dio por finalizada la instrucción del caso ya explicaba que hay indicios de que a finales de 2000, Rodríguez de Castro, consciente de las dificultades que tenía para seguir en su cargo, guiado por un ánimo de lucro, se concertó con el matrimonio Leyva, con el que mantenía vínculos comerciales, con el fin de detraer para su beneficio particular fondos públicos. Y que el plan consistió en adjudicar la creación y desarrollo del portal Rilco a MFZ Services Income, una empresa creada ad hoc por los Leyva. La Zona Franca abonó por el portal 6,7 millones de euros. De ellos, MZF se llevó 4,2.

En cuanto a Osuna, el fiscal considera que los hechos que realizó Osuna encajan en un delito de malversación y que no le vincula el hecho de que el auto judicial se permita descartarlo. El fiscal estima que, atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al daño o entorpecimiento producido al servicio público, Rodríguez de Castro y Osuna cometieron un delito de malversación de "especial gravedad".