La Unidad de Policía Judicial que está investigando el escándalo de los ERE irregulares ha remitido a la juez Mercedes Alaya la transcripción de una parte de la conversación que el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet mantuvo con los empresarios de La Raza a los que supuestamente se exigió el pago de una comisión y en la que el ex responsable de la empresa pública mixta critica a los partidos políticos.

Esa parte de la grabación no fue inicialmente considerada como de interés para la investigación del presunto cohecho -en la que se trataba de averiguar la supuesta exigencia de una comisión de 450.000 euros a los hosteleros a cambio de concederles la gestión del proyecto para crear una escuela de hostelería-, pero a la vista de la derivación que ha tomado el caso y las nuevas diligencias abiertas por las irregularidades detectadas en los ERE, la Policía Judicial le ha remitido esa transcripción a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla. En esa conversación, que fue grabada por los empresarios, Fernando Mellet y los hosteleros están hablando del pago de esa comisión a cambio de la subvención concedida. "Yo sé lo que hay y sigo votando. Si la ciudadanía de a pie supiera la verdad de muchas cosas, esto es una mierda, la realidad de los partidos políticos y cómo se mueven, habría un altercado", recoge la transcripción de las palabras del entonces responsable del Mercado Central de Abastos sevillano. Uno de los empresarios le responde que el hecho de dar una subvención a cambio "de lo otro" -en alusión a la comisión- es "vergonzoso" y añade que ellos no quieren participar "en esta vergüenza nacional", máxime cuando el proyecto que había sido subvencionado iba dirigido a la creación de empleo.

De otro lado, la abogada Rosa Parra, que defiende al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero Benítez ha denunciado ante la juez Alaya que su cliente fue presionado por la Policía Judicial con motivo de su declaración como imputado ante esta Unidad. En un escrito presentado en el juzgado de Instrucción número 6, la letrada explica que el altercado se produjo el pasado 11 de marzo, cuando Francisco Guerrero había sido citado telefónicamente por el inspector de la unidad de Policía Judicial, Rafael Salvador. Dice la abogada que cuando llegaron a las dependencias policiales, el inspector le manifestó que le iba a tomar declaración como imputado y después le dejaría en libertad, y añade que el funcionario le dijo literalmente "como quedamos ayer, vas a declarar sobre los puntos que te dije". Es en ese momento cuando la abogada, "por lo irregular de la situación", le manifiesta a su cliente que no declare, algo que ya le había aconsejado con anterioridad, cuando le había dicho que sólo debería prestar testimonio ante la autoridad judicial.

La reacción del inspector, según el relato de la letrada, consistió en arremeter "enfurecido" contra la abogada, a la que conminó a que abandonar el despacho. La abogada se negó "al abandono de la defensa" de Guerrero y el inspector, siempre según el escrito de la abogada aportado al juzgado, comenzó a proferir "todo tipo de gritos", llegando a "amenazarla con ordenar su detención" y "llegando a pedir" que la arresten, algo que no hizo ninguno de los agentes. "Sin salir de mi asombro, sigo negándome a abandonar el despacho -porque mi defendido se tenía que quedar allí-, acuden varios agentes que me aconsejan que salga del despacho, y cuando le digo a mi cliente que me acompañe, aunque aterrorizado, en principio lo hace", asegura la abogada, que precisó que el inspector volvió a salir y se llevó a Guerrero, quien salió del despacho asegurando que "el inspector le había dicho que si no declaraba lo dejaba detenido en los calabozos".

La letrada abandonó las dependencias policiales dejando a su cliente, que permaneció por "miedo" y haciendo caso omiso a sus recomendaciones profesionales.

Tras recibir la denuncia de la abogada Rosa Parra, la juez Mercedes Alaya ha dado traslado del mismo al jefe de la Policía Judicial y le ha pedido que "relate la relación de hechos" a los que se refiere la letrada, que también ha denunciado lo ocurrido al colegio de abogados.