La consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, afirmó ayer que la intención del Gobierno central de cobrar 710 euros anuales a los inmigrantes irregulares para recibir asistencia en la Sanidad pública (hasta 1.864 en el caso de los mayores de 65 años) es, "sin duda", la de poner "un freno adicional a las comunidades autónomas que habíamos expresado nuestra voluntad de atender a todas las personas que residen en nuestro territorio como Andalucía, Asturias, País Vasco e incluso Cataluña".

En declaraciones a Europa Press, la consejera insistió en que este proyecto del Ministerio de Sanidad -que aún no ha sido remitido a la Consejería- es "un intento más del Gobierno de España de poner trabas a las comunidades que en sus estatutos de Autonomía tienen reconocida la atención a estos colectivos", por lo que anunció que desde la Administración andaluza se estudiará detenidamente el documento para "plantear las medidas que sean necesarias adoptar".

Aunque Montero opinó que aún es "prematuro" hablar de un posible recurso por parte de la Junta ante esta iniciativa del Ejecutivo de la Nación, sí recordó que, "evidentemente, ante cualquier norma que atente contra el Estatuto, el Gobierno andaluz tiene la obligación de defenderlo".

El Estatuto andaluz, según recordó, recoge que tienen derecho a la atención sanitaria "todos los ciudadanos que viven en Andalucía y que tienen la vecindad administrativa, por lo que no supedita al pago de cuota a las personas que están empadronadas" en la comunidad.

La titular andaluza de Salud, quien reiteró que esta iniciativa confirma la senda del Gobierno de Mariano Rajoy de "quebrar el sistema público, universal y gratuito de salud" para orientarlo a un modelo "de cuotas", también criticó que la medida se plantee precisamente para inmigrantes en situación irregular, que son los que menos recursos tienen y los que "menos recursos sanitarios consumen". "Resulta paradójico que se planteen cuotas como las publicadas para este colectivo, que no tiene recursos y que habitualmente no acude a los centros porque no tiene cultura de atención sanitaria y porque, principalmente, tiene un cierto miedo a que se le cobre", argumentó.

El portavoz de Sanidad del PP en el Senado y coordinador de Sanidad del PP-A, Jesús Aguirre, aseguró ayer en una rueda de prensa en Sevilla que el pago de la sanidad española para extranjeros supone una forma de "optimizar recursos" y recordó que los inmigrantes irregulares tendrán cubierta la asistencia por cualquier patología urgente, patología de salud pública o embarazo.