Susana Díaz invita a Podemos y al PP a que gobiernen juntos o dejen gobernar

Estaba cantado. Tarde o temprano, la presidenta en funciones de la Junta, Susana Díaz, lo terminaría reclamando, y más veces lo repetirá cuanto más se acerque la fecha límite para su investidura. A medida que pasen los días y las semanas, no sólo ella estará al borde del precipicio, también los otros. "Yo no estoy pidiendo el voto a ningún partido, sólo pido que no boicoteen al Gobierno", reclamó la presidenta electa en una entrevista concedida a Tele 5. Si el PP y Podemos consideran que no deben apoyarla en su investidura, estos dos grupos, cuyos parlamentarios suman uno más que el PSOE, 48 en total, "deberían ponerse de acuerdo para formar un Gobierno". La responsabilidad parlamentaria es así y, al final, se dirime en la opinión pública. La pinza demostró cuán caro se puede pagar un bloqueo institucional.

El PSOE sólo pide, de momento, que los dos grandes partidos de la oposición, PP y Podemos, se abstengan en una de las votaciones de investidura; de este modo, Díaz podría comenzar a gobernar y Andalucía volvería a tener un Ejecutivo que no sólo está en funciones. Es cierto que fue la presidenta quien convocó elecciones anticipadas, ella forzó la ruptura con sus socios de IU, y suya es la mayor responsabilidad, pero no es menos cierto que PP y Podemos deberán decidir si la dejan pasar, si la comunidad debe acudir a las urnas en menos de tres meses o si gobiernan juntos. Es posible que, tarde o temprano, y es más posible que tarde, la dejen pasar.

Las negociaciones en el Parlamento siguieron en el día de ayer con una reunión entre el PSOE y Ciudadanos, y por primera vez los socialistas hablaron de un posible acuerdo. "Puede haber un acuerdo anticorrupción" con Ciudadanos, aseguró el secretario de Organización del PSOE, Juan Cornejo. Ciudadanos ha presentado un decálogo a los socialistas en esta materia, y uno de cuyos puntos requiere que ni en las listas ni en las cámaras legislativas haya imputados. El problema es la situación de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Ciudadanos los quiere fuera si siguen imputados, pero esto no sucederá hasta que el Tribunal Supremo adopte una decisión. Si tras las declaraciones de estos días, siguiesen imputados, el PSOE pediría sus actas. O ellos dimitirían. Eso parece bastante claro. El problema es el plazo, el juez instructor del caso de los ERE no se va a someter al calendario andaluz, pero los socialistas confían en que la situación se aclare antes de llegar a julio. Estos días se recuerda en la Cámara andaluza lo sucedido con el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, cuyo caso ha sido archivado por el Supremo en un plazo de un mes, justo lo suficiente para llegar a tiempo al calendario de las autonómicas y municipales del 24 de mayo.

Susana Díaz tiene de plazo hasta el 30 de junio para ser elegida por una mayoría simple del Parlamento: si no es así, habría otras elecciones en septiembre. Mientras no se decida qué hacer con los ex presidentes, Ciudadanos se mantiene en el no a la candidata a la Presidencia. Pero Cornejo cree que "hay grandes aproximaciones", y es que el PSOE andaluz entiende que puede asumir todas las demandas de Ciudadanos, ya que Chaves y Griñán, en el caso de seguir imputados, no figurarán en la lista del Congreso ni serán propuestos como senadores autonómicos.

En lo que sí parece que se puede producir un acercamiento es en la elección de la Mesa del Parlamento. Y es que si no hay consenso, el PSOE obtendría tres de los siete miembros de esta dirección, incluido el presidente de la Cámara. Esta elección se produce mediante tres votaciones (para el presidente, para los tres vicepresidentes y para los tres secretarios), y en cada una de ellas salen elegidos los más votados, de modo que el PSOE se asegura tres si no hay un acuerdo paralelo entre la oposición. De momento, no parece que vaya a haber un pacto entre Podemos y PP para poner a un presidente no socialista, aunque desde IU se ha animado a colocar a un líder de la Cámara que no sea del partido del Gobierno.

Los negociadores socialistas buscan un acuerdo institucional para la constitución de la Mesa para el próximo jueves, que es cuando se abre la décima legislatura. Se trataría de que el PP pudiese contar con dos miembros de siete o que el vicepresidente primero fuese popular. Para ambos casos es necesario que los socialistas voten a los populares. No piden nada a cambio, pero, indudablemente, ello facilitaría la investidura. Es por esto por lo que la secretaria general del PP, Dolores López Gabarro, aseguró el miércoles que no cambiarán sillones por votos e, incluso, es posible que los populares no quieran estrenarse con un acuerdo general. El PSOE se niega de momento a ampliar los miembros de la Mesa a ocho; ello supondría, por ejemplo, un sueldo más alto y otro coche oficial. Podemos también se opone.