Una decisión conservadora del TSJA, que retrasa lo inevitable, y que permite que los otros cuatro ex consejeros de la Junta preimputados por la juez Alaya en el caso de los ERE fraudulentos no tengan que vérselas con la instructora hasta que pasen las elecciones autonómicas del 22-M. La Sala Civil y Penal del Alto Tribunal andaluz decidió ayer asumir "provisionalmente" la competencia para la investigación respecto a los ex consejeros Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Manuel Recio, a pesar del criterio de la Fiscalía Superior de Andalucía, que había solicitado la devolución de la causa a Alaya debido a que los cuatro ex consejeros perderán la condición de aforados una vez que se celebren los comicios.

El TSJA acordó en un auto la apertura de diligencias previas contra los cuatro aforados y designó como instructor a Miguel Pasquau, único titular actualmente en plantilla de dicha Sala. Sin perjuicio de un análisis exhaustivo de las actuaciones y de las diligencias que puedan practicarse, el TSJA concluye que hay indicios de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. "No puede sostenerse que resulte manifiestamente infundada la atribución de posible responsabilidad penal, por los delitos mencionados, a los cuatro aforados, habida cuenta de que en el ámbito de sus funciones como cargos públicos de la Administración de la Junta de Andalucía participaron en un nivel u otro en la toma de decisiones sobre la creación, financiación, mantenimiento y aplicación de un sistema de concesión de subvenciones sociolaborales, ayudas a empresas, y excesivas comisiones a intermediarios que, por carecer de los controles típicos de los procedimientos de subvención pública, indiciariamente han supuesto un indebido beneficio económico para algunos particulares y empresas", argumenta la Sala del TSJA.

Aunque la Fiscalía había solicitado que la Sala se declarara incompetente dado el hecho notorio de la imposibilidad de concluir la instrucción, la Sala entiende que debe declararse "provisionalmente" competente por que "las acusaciones y los aforados señalados en la exposición razonada no pueden verse privados de solicitar la práctica de cualquier diligencia que resulte útil para la investigación". Esto no podrían hacerlo ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla -del que es titular Alaya- "por carecer de toda competencia para actuaciones directamente enfocadas a la investigación de la participación concreta de los todavía aforados".

El TSJA ha descartado, al igual que hizo el Tribunal Supremo, asumir la investigación de la totalidad de la causa, al decidir que no extenderá su competencia "respecto de otras personas no aforadas a que se refiere la exposición razonada". Alaya seguirá instruyendo la investigación sobre los otros 264 imputados en la macrocausa y de momento tampoco se dividirá el sumario en piezas separadas para su enjuiciamiento, como también plantea la Fiscalía desde hace tiempo.

El TSJA ha hecho una primera división de la causa entre aforados y no aforados, pero ha retrasado su pronunciamiento respecto a la división del sumario en piezas separadas para su enjuiciamiento. La Sala reflexiona sobre las ventajas e inconvenientes de la apertura de piezas separadas, si bien acuerda "estar al mayor conocimiento y comprensión" de todo lo actuado y remitido por el juzgado, a efectos de que el instructor valore "con detenimiento y profundidad la existencia o no de conexión material inescindible, que aconseje evitar la ruptura de la continencia de la causa o, por el contrario, la razonabilidad de la apertura de piezas separadas".

El auto del TSJA se dictó el mismo día en que se hizo público el informe del fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, respecto a la instrucción de la causa que afecta a los aforados autonómicos. La Fiscalía Superior había pedido al Alto Tribunal andaluz que declare que "no es competente para la investigación y enjuiciamiento" de la investigación contra los cuatro últimos aforados por los ERE, puesto que los mismos perderán su condición de aforados una vez concluyan las elecciones autonómicas del próximo 22-M.

La Fiscalía Superior justifica esta petición por razones de "economía procesal, para que la juez Alaya pueda continuar "sin más dilación" la instrucción una vez que "pierdan las personas relacionadas en la exposición razonada la condición de aforadas al dejar de pertenecer de manera inminente a la diputación permanente del Parlamento andaluz". Todo ello, explica el fiscal, sin entrar a valorar el fondo del asunto, es decir, la "posible relevancia penal de los hechos" que han sido expuestos al TSJA y la participación en los mismos de las personas aforadas.