Entre 2012 y 2014 Luis Guerrero -diputado provincial del PSOEen Málaga- cobró 2.000 euros mensuales como director del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco (CADF) de Jerez. Pero Guerrero nunca pisó la sede de esta institución. Ningún empleado lo vio jamás. Fue nombrado por el entonces consejero de Cultura y Educación, Luciano Alonso. Ahora, ambos deberán responder por ello ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha abierto unas diligencias tras una querella presentada por la Fiscalía al entender que pudieron incurrir en los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

En un auto que se conoció ayer, la Sala de lo Civil y Penal del TSJA se declara competente y da cuenta de la apertura de esta causa contra Alonso, en la actualidad parlamentario autonómico del PSOE, y contra Guerrero.

A finales de octubre pasado este periódico informó de que Guerrero había estado tres años cobrando por unas funciones al frente de un centro cuya existencia él mismo admitió desconocer. También dijo que ignoraba la designación realizada por Alonso y por la que percibió unos 87.116 euros a lo largo de ese período.

La Fiscalía inició una investigación que derivó en una querella que ante el TSJA a principios de abril dada la condición de aforado que disfruta Alonso como miembro de la Cámara andaluza. Una vez analizada, la Sala de lo Civil y de lo Penal, presidida por Lorenzo del Río -presidente del TSJA-, ha abierto diligencias contra el ex consejero y el diputado provincial malagueño. El tribunal ha decidido no separar la causa en dos procedimientos distintos sino emprender una pieza única a pesar de que uno de los señalados no goza de la prerrogativa del aforamiento.

Para la Fiscalía, el ex consejero, "a sabiendas", colocó a Guerrero al frente del CADF a pesar de que "el designado con carácter eventual en ningún caso iba a desempeñar el cargo designado", según se apunta en la comunicación del Alto Tribunal conocida ayer.