El Ayuntamiento de Tarifa tiene sobre su mesa dos enormes proyectos para ampliar el complejo inmobiliario y turístico de Atlanterra, que se expande desde hace tres décadas junto a Zahara de los Atunes a base de bloques de apartamentos frente al mar. Los dos planes en gestión suman expectativas para triplicar el tamaño y la capacidad de alojamiento de la ciudad de vacaciones de la costa tarifeña. El más avanzado, iniciativa de la inmobiliaria Grupo Q, sólo aguarda la aprobación definitiva de la Junta de Andalucía. El segundo proyecto, conveniado entre el Ayuntamiento y Grupo Veintidós en 2004, está a expensas de su inclusión en el nuevo Plan General, incapaz de asumir, por ley, tan ingente desarrollo urbanístico.

El equipo de Gobierno de Tarifa (PSOE en coalición con IU) da por hecho que la Administración andaluza aceptará el plan parcial SA-1 Cabo de Plata, que dibuja un campo de golf, un millar de viviendas y unas 1.300 plazas hoteleras (750 habitaciones) en la segunda línea de costa de Atlanterra. Grupo Q insistió en la baja densidad de sus edificaciones, pero su propuesta fue paralizada por la Comisión Provincial de Urbanismo en febrero de 2007: las zonas residenciales se extendían demasiado sobre la parcela y quedaban aisladas -lo que encarece la inversión en equipamientos-, y el suministro de agua no estaba garantizado, según objetó entonces la Comisión de Urbanismo.

La semana pasada el Pleno de Tarifa volvió a aprobar el plan de ampliación de Atlanterra, que ahora cuenta con el respaldo de la Agencia Andaluza del Agua y ha acometido cambios en la distribución de los residenciales, según informó el Consistorio.

El alcalde de la localidad, Miguel Manella (PSOE), defiende que las inversiones privadas servirán para aliviar el déficit de servicios y equipamientos públicos que sufren las 2.500 viviendas de Atlanterra, tal y como determina un requerimiento judicial formulado en 2007. "Con el plan de Cabo de Plata liberamos 100.000 metros cuadrados para equipamientos públicos, y a eso sumamos el campo de golf y varios hoteles, que hacen falta si lo que queremos tener es un complejo turístico, con vida más allá de cuatro meses al año", argumenta Manella.

A la postura del regidor se vuelve a enfrentar la de su socio de Gobierno Javier Mohedano, el único concejal de IU, y también único en oponerse a la aprobación del Plan Cabo de Plata. "Las modificaciones han sido cosméticas. Si lo que se necesitan son equipamientos, que haya inversión pública en ellos y no más viviendas", razona el concejal.

El PGOU vigente entró en vigor en 1990 y el Ayuntamiento presentó el avance de un nuevo planeamiento en 2004, pero las nuevas leyes de ordenación del territorio y sus restricciones a los desarrollos urbanísticos invalidaron el documento y dificultaron varios proyectos. El más importante es el del Cortijo del Moro, una parcela de seis millones de metros cuadrados junto al SA-1, a la espalda de Atlanterra, de las lujosas residencias de Cabo de Plata y de la playa de Los Alemanes.

Grupo Veintidós y el Ayuntamiento firmaron en 2004 el convenio para construir hoteles, viviendas y campos de golf en esta zona.