Juicio de los ERE

La UCO reitera que el Gobierno andaluz "conocía" el sistema y lo "amparó durante años"

  • El testigo asegura que el procedimiento era "opaco" y las ayudas se concedían por "vecindad, amistad o afinidad política"

  • Señala que el ex alcalde de Cazalla Ángel Rodríguez de la Borbolla obtuvo hasta 8 millones de euros en ayudas para empresas del corcho

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Un sargento de la UCO de la Guardia Civil que investigó las ayudas concedidas a las empresas de la Sierra Norte de Sevilla ha asegurado este miércoles en el juicio contra los 22 ex altos cargos de la Junta que el Consejo de Gobierno "conocía" el sistema por el que se concedían las ayudas y lo "amparó durante años" mediante las distintas modificaciones presupuestarias que ampliaron la partida presupuestaria 31L, conocida como el "fondo de reptiles". "El Consejo de Gobierno  es el que está cebando esta partida presupuestaria", ha apostillado.

El testigo ha recordado un atestado en el que la Guardia Civil afirma que "no hay engaño a la administración mediante un documento falsario" para la concesión de las ayudas, sino que hay "un concierto previo", una "conjugación de voluntades total", porque en muchas ayudas no hay siquiera solicitud y falta documentación, por lo que "es obvio que se hizo un uso discrecional de las ayudas".

En el atestado sobre la concentración de ayudas a la Sierra Norte de Sevilla, los investigadores advierten la presencia de "un marco de corrupción" que tiene su génesis en el "abuso descontrolado de los fondos públicos por parte de determinadas personas" y en un sistema "arbitrario supuestamente ideado para dar respuesta a unos conflictos que se estaban produciendo en ese momento en Andalucía".

Para el agente, existía una "hoja de ruta" para que las ayudas se concedieran a través del IFA y existía un "cortafuegos por el que determinadas ayudas no debían de ser ratificadas por el Consejo de Gobierno", como ocurrió, según el testigo, con las ayudas a Pickman y a A Novo Comlink, que fueron retiradas de la Comisión General de Viceconsejeros -"el consejillo"-, y posteriormente la primera es "troceada" cuando se eleva al consejo rector de la agencia IDEA para su aprobación.

El funcionario ha añadido que el procedimiento por el que se concedían las ayudas era "totalmente opaco" y que estas subvenciones no tenían seguimiento por parte de la Administración autonómica y se otorgaban por relaciones de "vecindad, amistad o afinidad política", por lo que ha dicho que era "imposible que un empresario de una almazara de Jaén pudiera conocer estas ayudas".

El agente ha explicado que entre enero de 2003 y abril de 2004 se produce un "aumento muy exponencial de lo convenios suscritos" en esta comarca de la Sierra Norte de Sevilla, "coincidiendo" con la época en la que el entonces consejero de Empleo José Antonio Viera era presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), y así ha detallado que de los 60 convenios investigados, 43 se firman en este periodo, destacando asimismo como en un único día, el 30 de enero de 2004, se suscriben convenios por un importe total de 16 millones. 

A preguntas del abogado de Viera, el testigo ha asegurado que esos convenios se suscribieron en el periodo en que José Antonio Viera fue presidente del IFA y consejero de Empleo, y ha recalcado que en ese momento "la hija" de Viera estaba trabajando para ese grupo empresarial.

El atestado de la Guardia Civil que ha ratificado el sargento señalaba que las empresas de la Sierra Norte recibieron entre 2001 y 2010 un total de 56.401.307,43 euros de los 85.442.982,73 euros concedidos en todo el territorio andaluz, lo que supone un "serio indicio de irregularidad" por cuanto representa que sólo esta comarca sevillana acaparó el 66% de la totalidad de las "ayudas a empresa" concedidas por la Consejería de Empleo, destacando las ayudas que recibió el grupo de empresas liderado por el "tándem" formado por José Enrique Rosendo -ya fallecido- y José María Sayago.

El atestado recordaba precisamente que en una sola sesión de consejo rector del IFA, el 30 de enero de 2004, se aprobaron 13 convenios para la Sierra Norte por importe de 16 millones, entre las que destacan las sociedades vinculadas al tándem, "para los que trabajaba en ese momento" la hija de Viera, y que lograron ayudas por valor de más de nueve millones. El investigador ha llamado la atención sobre el hecho de que se trataba de "empresas vacías" de trabajadores, por lo que a su juicio dichas sociedades son "meros instrumentos para captar fondos públicos", por lo que ha considerado como "muy importante el papel" que tiene José Antonio Viera como consejero y presidente del IFA en la concesión de estas ayudas a la Sierra Norte.

El testigo también se ha referido a los "8 millones" de euros en ayudas que obtuvo el ex alcalde socialista de Cazalla de la Sierra (Sevilla) Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, con empresas relacionadas con el corcho.

Como según el investigador las ayudas eran "totalmente opacas", se concedían por relaciones de "vecindad, amistad o afinidad política" y así ha dicho que hay "muchísimos alcaldes que son beneficiarios de estas ayudas concretas" que, según ha apostillado, fueron "propiciadas por determinados cargos públicos" como el ex consejero José Antonio Viera. 

Así, ha relatado que tan sólo unos días después de la firma del convenio marco de julio de 2001, se conceden dos ayudas a empresas vinculadas a Ángel Rodríguez de la Borbolla, a la sociedad de desarrollo local de El Pedroso y al matadero. El convenio marco, en opinión del testigo, lo que hacía era "facilitar y dar a Empleo una capacidad operativa para conceder ayudas a unas determinadas personas". Para el investigador, las ayudas que se dieron al amparo del convenio marco "son ilegales", porque debían haberse regido por el decreto 254/01 y la ley general de Subvenciones.

El testigo también ha dicho, como anteriormente otro agente de la UCO, que las ayudas no se publicaban en ningún boletín oficial y estaban "al margen" de la norma que se debería haber utilizado para su concesión, el decreto 254/01, y ha añadido que el IFA/IDEA lo que hacía es "instrumentalizar el pago" de las ayudas, pero no había seguimiento de las mismas.

El sargento de la UCO ha añadido que en relación con las ayudas concedidas al entramado de empresas de Sayago y Rosendo "no hay solicitud, ni memoria del proyecto, ni facturas, no hay ninguna documentación, sólo el convenio" particular suscrito entre Empleo y el IFA, por lo que ha comentado que no se traba de un "expediente administrativo como tal de subvenciones", por la "escasa documentación" que había y ha puesto como ejemplo de irregularidades que en algunas se alegaban yacimientos mineros que "no existían".

Todas estas ayudas, ha agregado, tenían en común la utilización del convenio marco de 2001 como "instrumento" para la concesión de las ayudas a empresas, aunque ha subrayado que luego cada ayuda tenía sus propias "peculiaridades", y también ha dicho que en ocasiones se utilizaban los "pagos cruzados" entre pólizas y también fue "muy recurrente" el uso de los endosos anticipados de las ayudas, que se endosaban en las entidades bancarias o se entregaban como garantías de créditos o avales "simplemente con la resolución" de concesión de la Dirección General de Trabajo.

El juicio por el denominado "procedimiento específico" se reanudará el próximo lunes, día 7 de mayo, con la declaración de dos nuevos testigos.

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