La juez asegura que Uniter pagó 100.000 euros al ex director de trabajo Javier Guerrero

La juez Mercedes Alaya asegura que la consultora Uniter realizó "pagos directos" por un importe total de 100.000 euros al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Javier Guerrero, uno de los principales imputados en el escándalo de los ERE.

En el auto que ordenó el ingreso en prisión del propietario de Uniter, José González Mata, Alaya señala que en la contabilidad de esta consultora figuran dos asientos que "reflejarían pagos de 25.000 y 75.000 euros con el concepto 'J. Guerrero'". La instructora explica que se trata de dos cheques que habrían sido cobrados por la empresa Andalucine, relacionada societariamente con la entidad Producciones Barataria, "perteneciente a la hermana de la delegada provincial de Medio Ambiente en Sevilla, sociedad que en 2005 recibiría una subvención de más de 300.000 euros", precisa Alaya.

No obstante, el empresario jerezano ha negado en su declaración que esos pagos fuesen realizados al ex director de Trabajo y ha asegurado en cambio que se hicieron a la sociedad Andalucine.

La juez Mercedes Alaya imputó finalmente hasta nueve delitos a José González Mata –prevaricación, malversación, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales, asociación ilícita y contra la Hacienda Pública- y además de la fianza personal de 600.000 euros para poder eludir la prisión, le impuso otra fianza civil de 98,8 millones y otros 200.000 euros a la entidad Cureña, de la que es representante, por blanqueo de capitales.

La juez asegura en el auto de prisión que González Mata, como administrador único de Uniter y socio único de Ingotor, participó entre 2001 y 2010 en la "utilización ilegítima de fondos públicos, mediante el concierto necesario" con los responsables de la Consejería de Empleo de la Junta, fundamentalmente con los directores generales de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez, y con el consejero de Empleo, Antonio Fernández, todos ya imputados en la causa de los ERE.

La participación del empresario jerezano en esa utilización de los fondos públicos consistiría, según la magistrada, en "provocar la concesión de las ayudas públicas a determinadas empresas que estuvieran interesas en sus servicios que luego serían financiadas por la Junta; en influir y aprovecharse de la ausencia de licitación pública; y fundamentalmente en las comisiones que el hoy inculpado, como agente de seguros, pactaba con la Juna de Andalucía, muy por encima de la media del mercado, hasta el punto de que las aseguradoras como Vitalicio llegaron a exigirle la conformidad con la Junta".

Según el informe provisional de la Dirección General de Seguros, Generali pagó a Ingotor y Uniter en relación a pólizas de ayudas sociolaborales financiadas por la Junta 21,6 millones, de los cuales más de la mitad (13,3 millones), eran comisiones superiores a la media del mercado. Entre 2001 y 2010 las mediadoras Uniter, Ingotor y Cureña percibieron 32,9 millones, por lo que la juez llega a la conclusión de que las sobrecomisiones cobradas por González Mata rondan los 20 millones de euros.

La juez destaca, por su "enorme importancia", las sobrecomisiones recibidas en los expedientes de Delphi, donde la sobrecomisión alcanzaría el 30,27% (unos 6,7 millones) y de la Faja Pirítica de Huelva (4,5 millones).

Alaya advierte de que no sólo se trata de sobrecomisiones millonarias (51,6 millones percibieron Uniter y Vitalia), sino de la "innecesariedad del gasto de mediadores", según un informe de la Dirección General de Seguros, hecho que pone en relación con el decreto ley 4/2012 de la Junta sobre regularización de las ayudas y en el que se establece que la Administración autonómica no pagará comisiones o gastos externos de intermediación.

Alaya sostiene que González Mata destinó una parte de las sobrecomisiones a “su propio enriquecimiento personal" a través de la entidad Cureña, mientras que otra parte se destinó “al sostenimiento de la trama", donde incluye los pagos realizados a través del bufete Estudios Jurídicos Villasís, que la juez considera un "figura de excepción en la trama", los pagos abonados a los sindicatos y los realizados de forma directa por orden del ex director de Trabajo Javier Guerrero.

La magistrada también considera "verdaderamente significativo" la doble entrada de ingresos que tiene Uniter, de un lado, las comisiones que percibe de las aseguradoras, y de otro, los "abonos injustificados" que recibe de las asociaciones, al menos en el caso de la Faja Pirítica de Huelva, que pagó solo en el año 2006 la cantidad de 1,9 millones de euros, "cuyos fondos en origen públicos o con un destino público, incrementaba el enriquecimiento ilícito que obtenía Uniter por las sobrecomisiones de las pólizas que pactaba con la Junta de Andalucía".

Alaya señala igualmente que debido al control que Uniter tenía de esta asociación de la Faja Pirítica, terminaron en poder del conseguidor Juan Lanzas 332.402 euros de los fondos de la misma que "podrían proceder de las subvenciones que la Junta le otorgaba o de las indemnizaciones del Fogasa de los trabajadores".

En cuanto al enriquecimiento patrimonial de José González Mata, la instructora señala que frente a unos ingresos declarados por el empresario entre 2003 y 2010 de 755.369 euros, la entidad Cureña –que le pertenece en un 100%-, tendría unos abonos de 2001 a 2012 de 54,7 millones de euros, de los cuales "al menos el 58% procedería de las ganancias de Uniter, más de 32 millones de euros", lo que le ha permitido la realización de "importantes inversiones" como la adquisición de “nada menos que 29 inmuebles a partir de 2001”, fecha en la que interviene en su primer expediente, el de Santana Motor, advierte la magistrada.

Para Alaya el punto álgido de este enriquecimiento se produciría entre los años 2003 y 2005, y 2008 a 2010, en el que destinó casi tres millones entre imposiciones a plazo fijo y productos de pasivo, así como inversiones menores como 1,2 millones en la compra de acciones en bolsa.

La juez le impuso una fianza de 600.000 euros porque considera que no hay riesgo de fuga relevante para decretar la prisión provisional sin posibilidad de eludirla mediante la fianza. El auto nombra al Consorcio de Compensación de Seguros como administrador judicial de las empresas de González Mata y apunta a que se procederá al desbloqueo de las 84 cuentas de Uniter, Ingotor y Cureña acordado en abril pasado cuando los administradores tomen posesión de su cargo.