Valderas amaga con otro recurso si el Gobierno no cambia la Ley de Reforma Local

"Si no se introducen cambios importantes, nos veremos obligados" a presentar un recurso de inconstitucionalidad al texto de la Ley de Reforma de la Administración Local formulada por el Gobierno central y que supone, en palabras del vicepresidente de la Junta de Andalucía, "una vuelta al pasado, a un escenario preconstitucional" y conllevaría, además, la pérdida de unos "40.000 empleos públicos" en toda Andalucía.

Para paliar las consecuencias de la próxima ley estatal -"que nace muerta en materia de consenso"- el Consejo de Gobierno dio luz verde ayer, en su reunión semanal, a la tramitación del anteproyecto de Ley de la Consejo Andaluz de Concertación Local, un órgano consultivo "de colaboración institucional entre las entidades locales y la Junta" para "codecidir" en materia legislativa o presupuestaria. En la "antesala" del debate "trascendental" de la Reforma Local, el Gobierno andaluz ha decidido "tomar la iniciativa y reforzar la autonomía local", defendió DIego Valderas.

Este nuevo ente -sin retribución económica de sus integrantes, conformado por 10 personas a propuesta de la Junta y otras 10 por parte de los ayuntamientos y presidido y convocado por el consejero de Administración Local con la "intención" de reunirse más de una vez al año, "como mínimo tres"- trabajará por la defensa del "municipalismo", insistió el vicepresidente Valderas a los medios.

Pero, ¿entra en conflicto de competencias esta estructura con la Federación Andaluza de Municipios y Pueblos (FAMP)? A ojos del impulsor de la ley que tramita la creación de este órgano -cuya entrada en vigor está prevista en el primer trimestre de 2014- "el Consejo no sustituye a la FAMP" a pesar de que "actualmente está en una situación de parálisis, en estado catatónico, secuestrada por una presidenta que no responde a las llamadas", explicó Valderás sobre la federación que preside la alcaldesa de Marbella, la popular Ángeles Muñoz.

La sorpresiva dimisión de Francisco Toscano (PSOE) en noviembre de 2012 al frente de la federación asamblearia derivó en una presidencia en manos del PP andaluz. Casi un año después, la falta de diálogo entre los líderes municipales de los distintos partidos ha bloquedo cualquier tipo de decisión por parte de la FAMP.