La argamasa del Gobierno andaluz de coalición entre el PSOE e IU debe pasar tres pruebas de estrés. Para comenzar. Dos de ellas han sido superadas, pero falta la tercera. Tras la creación de la comisión de los ERE -la primera-, IU apoyará mañana el decreto ley que reconduce el presupuesto de 2012 hacia el déficit del 1,5% con una rebaja total de sueldos de 747 millones de euros -el segundo-, pero queda la última: la aprobación de las cuentas de 2013. Los dirigentes de IU se han esforzado durante estos últimos días para conseguir que sus parlamentarios voten de modo favorable al Plan de Ajuste Económico y Financiero de la Junta, y para ello ha sido necesario la intervención personal de su líder, Diego Valderas, y una reunión de su comisión ejecutiva, que mandató anoche a sus diputados a que voten sí. La propuesta fue aprobada mayoritariamente por 23 votos; cuatro se opusieron, y tres se abstuvieron.

Los militantes de IU recibieron ayer una carta de cuatro folios de Diego Valderas -también vicepresidente en el Gobierno-, donde explica por qué los parlamentarios de su formación votarán mañana, afirmativamente, al plan de ajuste que incluye una rebaja salarial de los 261.399 empleados públicos de la administración autonómica. Entre las causas, Valderas asegura que si el plan no es aprobado, ello supondría "la caída del Gobierno", unas "elecciones anticipadas" y facilitar "una estrategia de desestabilización tan perjudicial como negativa" que favorecería al PP. Es la primera vez que Valderas alude a una posibilidad de unas elecciones anticipadas ante los suyos en unos términos tan estrictos.

En la resolución que la comisión ejecutiva se hace mención a los presupuestos de la Junta del año 2013, que deben comenzar a negociarse en unos meses y que, posiblemente, conllevarán otros ajustes. Para IU, hay que "emplazar al debate político para elaborar el Presupuesto de 2013, y sólo la movilización puede romper con la lógica injusta impuesta por la situación". Tal como Valderas, la dirección de IU culpabiliza de los recortes al Gobierno central y a la Unión Europea, a Rajoy y a la "troika", según se recoge en el escrito. A juicio de IU, la intervención sobre Andalucía es doble, porque Madrid suma condiciones a las de Bruselas.

Once de los 12 parlamentarios de IU votarán sí al decreto ley. Quien lo hará en sentido contrario será el parlamentario y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo. Las direcciones de IU de las provincias de Sevilla y Córdoba habían solicitado a sus parlamentarios que se opusieran al plan. Uno de los diputados de izquierdas había asegurado a este medio que esa opción -la de negarlo- "sería declararse insumiso ante el Gobierno central, y que la Junta no pueda pagar sus nóminas como ha ocurrido en los ayuntamientos de La Línea, Barbate o Jerez". "¿Se imagina esto en toda Andalucía?", se preguntó este parlamentario. El comunicado de IU abunda en este mismo aspecto: "Declararse insumiso no resuelve el problema". Pero si no, IU lo haría.

La Junta aprobó su plan de ajuste en un Consejo de Gobierno, y así lo presentó al Gobierno central con el objetivo de reequilibrar sus cuentas para cumplir con el 1,5% del déficit exigido, pero será mañana cuando el Parlamento valide este decreto ley (publicado en el BOJA el pasado 22 de junio), aunque se tramitará como proyecto de ley para introducir enmiendas y dar audiencia a los afectados. IU pactó con el PSOE dar dos semanas de plazo para intentar llegar a un acuerdo con los sindicatos -que no ha sido posible-, pero ha introducido algunos cambios. Así, de los 777 millones de euros previstos en recortes de gastos se baja a los 747, y se establece un sueldo salarial de 1.000 euros netos.