La Audiencia de Sevilla ha revocado la decisión de la juez Mercedes Alaya de enviar a prisión sin fianza al administrador de Vitalia Eduardo Pascual Arxé, quien podrá abandonar la cárcel si abona una fianza de 600.000 euros, la misma que se fijó en el caso del ex director general de esta mediadora, Antonio Albarracín.

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda la puesta en libertad bajo fianza de 600.000 euros del administrador de Vitalia Eduardo Pascual Arxé, que se encuentra en prisión provisional desde el pasado 23 de marzo, cuando la juez Alaya le envió a prisión en el marco de la denominada operación Heracles, en la que fueron detenidas inicialmente 22 personas.

Actualmente, sólo siguen en prisión por esta operación cinco personas, entre ellas el propio Eduardo Pascual, que según fuentes consultadas por este periódico no ha podido hacer frente a la fianza impuesta ahora de 600.000 euros, así como la también administradora de Vitalia María Vaqué Molas, el ex sindicalista y conseguidor de los ERE Juan Lanzas Fernández, el testaferro Eduardo Leal del Real, y el dueño de Uniter, José González Mata, último imputado que fue enviado a prisión en junio pasado tras prestar declaración en el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que instruye el sumario por el escándalo de los ERE.

La juez Alaya encarceló a Eduardo Pascual porque, según reflejó la instructora en el auto de prisión, determinadas decisiones como el cobro de sobrecomisiones por encima de la media en las pólizas financiadas por la Junta, la inclusión de intrusos -a los que se referían en las aseguradoras como "señores especiales"-, la colocación de testaferros al frente de algunas sociedades y los pagos de comisiones a terceros por dar trabajo a Vitalia, "sólo se habrían podido tomar con el conocimiento y la autorización de la gerencia de la empresa, al frente de la cual se encontraban Eduardo Pascual y María Vaqué".

En cuanto a la exigencia del pago de las sobrecomisiones, Alaya sostiene que se acordaron presuntamente por el director general de Vitalia, Antonio Albarracín, con la Administración andaluz, pero "con el conocimiento y autorización de los superiores jerárquicos de ambos (Eduardo Pascual y María Vaqué, por un lado, y el consejero de Empleo por el otro)", en alusión al ex consejero Antonio Fernández. En cualquier caso, esas sobrecomisiones se impusieron con la colaboración de las compañías aseguradoras, que "eran conscientes de estar incluyendo unas comisiones muy superiores a las del resto del mercado".

Alaya recuerda que el propio Antonio Albarracín explicó en su declaración que cuando se contrató al conseguidor Juan Lanzas, Eduardo Pascual y María Vaqué "le comunicaron que tenían que fijar las sobrecomisiones más altas posible, para luego no tener problemas con los pagos".

La instructora sostiene que parte de esas sobrecomisiones perseguían el "enriquecimiento personal" de los máximos responsables de Vitalia y por parte de la Administración autonómica, del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, "entre otros", aunque por el momento Alaya no ha precisado qué otro cargo público de la Junta pudo recibir dinero de esas comisiones.