El alcalde de Granada, el socialista Francisco Cuenca Rodríguez, aseguró ayer que siempre actuó con "total transparencia" y siguiendo las "instrucciones de la dirección general" en su etapa como delegado de Economía de la Junta de Andalucía en Granada, en relación con su citación en calidad de investigado por el juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana, que investiga si el entonces delegado usurpó las funciones de los funcionarios que por ley tenían atribuida la realización de las inspecciones para los cursos de formación en Economía Social.

El regidor granadino, que declaró ante el juez por espacio de una media hora, defendió por completo su actuación al afirmar que "siempre ha actuado con total transparencia" y cumpliendo en el caso de las contrataciones las "instrucciones" que recibía de la dirección general de la Consejería "con el objeto de hacer un seguimiento de una serie de acciones formativas, de jornadas en las que había que hacer un seguimiento".

Francisco Cuenca, que confía en el archivo de esta denuncia, recordó que se trata de contratos menores, de menos de 12.000 euros, que entendió "ajustados y contaban con los informes preceptivos y las instrucciones de la dirección general y de la jefatura de Servicio", por lo que se limitó a tramitarlos. "Es el único papel mío. ¿Donde están aquí los motivos para poner en cuestión mi honorabilidad y honestidad?", se cuestionó en declaraciones a los periodistas.

Preguntado por si esos contratos con empresas privadas se realizaron de manera correcta, Francisco Cuenca insistió en que está "convencido" de ello y añadió que este asunto versa sobre cuestiones "meramente administrativas". "Aquí no hay nada de corrupción, no se está cuestionando el buen uso del dinero público ni se ha perdido dinero, ni nadie ha metido la mano", precisó Francisco Cuenca, que agregó que "no hay nada de corrupción, sino sólo una cuestión que defiende un sindicato de funcionarios, que están en su derecho".

El alcalde explicó que "todo se hizo en regla y como tiene que hacerse", por lo que mostró su deseo en declarar lo antes posible y "volverse a Granada a seguir luchando por cambiar mi Ayuntamiento, por cambiar Granada y mejorar Granada".

Al término de la comparecencia se mostró más sorprendido por su imputación en esta investigación. "Me vuelvo a ratificar en que no sé todavía qué hago yo aquí, no sé sinceramente cómo los delegados que sólo tienen un papel de verificar unas instrucciones de las direcciones generales y de tramitación de órganos técnicos" se puede sospechar que se ha incurrido en delitos .

Por todo ello, se mostró "convencido" de que esta causa judicial "se archivará", como ha ocurrido en otros juzgados donde se investigaron denuncias similares. "Me cuesta trabajo entender cuál es el motivo de por qué vengo a Sevilla a este tipo de instrucción. Imagínese si además conozco que en algunos casos se ha archivado previamente", por lo que pidió que la instrucción "se resuelva lo antes posible".

Lo que sí solicitó el alcalde de Granada es que no se haga un "uso torticero" de la denuncia y de su imputación, porque esto "no tiene nada que ver con los procedimientos de los cursos de formación que tanto recorrido han tenido y han dañado la imagen de mucha gente y también por procedimientos que están en duda". El alcalde señaló que "se ha hablado de la vinculación intencionadamente por algún partido político", pero reiteró que en esta denuncia "no se está poniendo en duda el buen uso de los fondos públicos para nada; aquí se está hablando de si tenía que haberlo hecho una persona u otra".

La investigación se abrió en 2013 y se centra sobre una serie de contratos privados a particulares para que éstos inspeccionaran cursos de formación en Economía Social.