El fiscal pide que sigan en la cárcel los asaltantes de la Policía Local de Puerto Serrano

El fiscal y la acusación particular solicitaron ayer en la sede de Jerez de la Audiencia Provincial de Cádiz que los tres procesados por el caso del asalto a la Jefatura de la Policía Local de Puerto Serrano el 17 de enero de 2015 continúen encarcelados. Los acusados, los hermanos Pedro, José y Jorge Venegas Morales, pertenecientes a una familia conocida como los Cachimba, cumplen este mes dos años en prisión preventiva. Si esa situación no es prorrogada por la Audiencia, quedarán en libertad en espera de juicio y sentencia.

El juicio está señalado para finales del próximo febrero en la Sección Octava de la Audiencia. La acusación particular la ejerce Juan Cadenas, el policía local de Puerto Serrano que perdió un ojo a causa de las lesiones que sufrió durante el asalto a la Jefatura, a quien representa el abogado Ramón Dávila.

El fiscal solicita 32 años y cinco meses de prisión para Pedro Venegas, al que acusa de haber intentado matar a los agentes que custodiaban a sus hermanos José y Jorge en las dependencias policiales. Para los hermanos de Pedro, el fiscal pide penas que suman 18 años de cárcel en el caso de Jorge y 14 años y siete meses en el de José, a quien también acusa de intentar matar a un policía. A Jorge, el fiscal lo considera cómplice de intento de homicidio.

La defensa abogó ayer por la libertad de los tres hermanos Cachimba, que se sentarán en el banquillo, en la sede de Jerez de la Audiencia, el próximo 20 de febrero, en una vista oral prevista para cuatro jornadas.

Según lo que decida ahora la Audiencia, para entonces seguirán en prisión o bien comparecerán en libertad ante el tribunal. El pasado septiembre, la Audiencia desestimó una petición de libertad presentada por la defensa de los tres procesados.

El fiscal y el letrado de la acusación particular coincidieron ayer en argumentar que deben continuar encarcelados porque consideran que existe riesgo de fuga, ya que las penas a las que podrían ser condenados son elevadas. También plantearon que temen que los procesados puedan causar daños si quedan libres, teniendo en cuenta las amenazas que ha recibido la víctima.