El Pleno del Parlamento andaluz dio luz verde ayer a la convalidación del decreto-ley de modificación del decreto de medidas para el reequlibrio económico-financiero de la Junta que aprobó el pasado martes el Consejo de Gobierno. La modificación del decreto tiene como fin adaptarlo a la nueva regulación básica acordada el pasado 13 de julio por el Ejecutivo central y restituir la paga extraordinaria de julio a los empleados públicos, tras la decisión del Gobierno de suprimir la de Navidad. Su aprobación contó con los votos del PSOE e IU, mientras que el PP-A y el diputado de Izquierda Unida Juan Manuel Sánchez Gordillo mostraron su oposición.

Una breve exposición de la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, justificó el cambio normativo se trata de evitar el solapamiento entre ambas normas, y, por tanto, la doble merma que supodría su aplicación en las retribuciones de los empleados públicos de la comunidad andaluza.

El argumentario del posicionamiento de los grupos al respecto fue el previsible. Por parte de la oposición, habló el diputado del PP Rafael Ruiz Canto, quien apuntó que los ciudadanos ya están hartos de "oir tonterías" y manifestó que este nuevo decreto-ley es otro "engaño" a los trabajadores públicos y que es un "sinsentido". Además, agregó que la Junta está haciendo un "teatro de guiñol" porque las medidas de carácter básico no hace falta plasmarlas en un decreto regional. Ruiz Canto afirmó, que a su juicio, el Ejecutivo andaluz debería haber retirado este decreto del plan de ajuste ya que considera que supone un recorte "contra todo" y concluyó que mientras el PP hace medidas de Gobierno, la Junta hace medidas de partido.

El parlamentario del PSOE José Caballos se refirió por contraste a las medidas del Ejecutivo de Rajoy, sobre las que dijo que "mutilan" la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Además, defendió las medidas andaluzas sobre limitación de retribuciones de directivos del sector público, lo que resulta llamativo, según Caballos, en comparación con los elevados sueldos del Ayuntamiento de Sevilla y en sus empresas municipales, en alusión al consistorio del que el líder del PP, Juan Ignacio Zoido, es el primer edil. Se da la circunstancia que uno de los argumentos centrales del PP en el debate de los recortes es que se pueden realizar ajustes adelgazando gastos prescindibles, sin bajada de sueldos públicos.

Mientras tanto, el diputado de IU, Ignacio García, indicó que con esta modificación se decidió evitar que los trabajadores públicos sufrieran un doble efecto en su salario, "que es lo que pretende el Partido Popular, sobre lo que ya había que sumar y añadir un nuevo recorte en un maquiavélico escalón de acumulación de recortes", comentó García, que apostilló que mientras unos acumulan recortes, otros intentan evitarlos, en alusión a la actitud del Gobierno de la Junta.

El cambio que plantea el decreto convalidado ayer es que deja sin efecto para este año siete de los artículos del decreto-ley del plan de ajuste de la Junta, como ya anunciara la consejera de Hacienda. Con ello, se mantiene la paga extra de julio de los funcionarios,que en un principio había previsto suprimir, aunque sí se verá afectada la de diciembre a causa de los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy. Además, respecto a las vacaciones y permisos del personal, se aplicará lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público, que establece unos criterios fijos y comunes para todas las administraciones: días de vacaciones fijados en 22 jornadas hábiles; permisos y licencias regulados por un listado tasado que, en caso de los relativos a asuntos particulares, quedan reducidos a tres; y reducción del permiso de lactancia.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno de la Junta tiene previsto reunirse hoy en sesión extraordinaria para concretar un plan de choque en materia de empleo, dotado con 200 millones y que busca crear 11.000 puestos de trabajo.