La Consejería de Salud ha hecho caso a las constantes muestras de preocupación procedentes de las sociedades científicas de Andalucía sobre el escaso control existente sobre las empresas que venden cigarrillos electrónicos y, tras realizar un estudio, ha concluido que la "mayoría" de las marcas analizadas incumplen el reglamento general de etiquetado, presentación y publicidad. El trabajo de campo realizado por el Laboratorio del Tabaco de la Junta de Andalucía sobre 17 muestras líquidas y 11 cartuchos, a fin de evitar posibles fraudes y efectos adversos, también se detectó que el 42% de las marcas analizadas presentan dietilenglicol en su composición, aunque las cantidades detectadas no suponen un riesgo para la salud.

Además, el estudio sostiene que la mayoría de las marcas estudiadas "muestran hechos que pueden ser constitutivos de infracción". Entre ellos, Salud destaca que en muchos casos no aparecen instrucciones sobre el uso y manejo del producto y ofrecen información incompleta o dudosa sobre su composición. La ausencia de información obligatoria como el plazo recomendado para su uso, el contenido neto del envase, etiquetado en español o el domicilio social de la empresa responsable es otro de los puntos señalados como incumplimientos por el departamento que dirige la consejera María Jesús Montero.

Como aspecto positivo, los análisis determinaron que aquellas marcas que señalan contener nicotina lo hacen en las cantidades indicadas, a excepción de una empresa, cuyas muestras analizadas presentan un mayor o menor concentración de nicotina a la señalada en la etiqueta.

Salud solicitará al Ministerio de Sanidad que los cigarrillos electrónicos que contengan nicotina se califiquen como productos medicamentosos, al igual que otras terapias sustitutivas del tabaco, como los chicles o parches de nicotina. La autorización de este producto por parte de la Agencia del Medicamento conllevaría que las empresas fabricantes tendrían que demostrar su eficacia como fármaco en los procesos de deshabituación tabáquica, además de reflejar claramente los efectos adversos y las contraindicaciones.

La Facua, por su parte, reclamó a Sanidad que prohíba la venta de todas aquellas marcas de cigarrillos electrónicos que no demuestren su eficacia para dejar de fumar, siguiendo la línea "de países como Argentina, Uruguay, Colombia y Panamá" y sancionen duramente la publicidad y etiquetado engañoso.